Felipe Virzi pasa por revisión médica

El empresario y exprimer vicepresidente de la república, Felipe 'Pipo' Virzi, acudió esta tarde al Hospital Santo Tomás para una evaluación médica en medio de la indagatoria que rendía desde la mañana de hoy, en la Fiscalía Tercera Anticorrupción.

Más temprano Virzi entró por los estacionamientos exclusivos para funcionarios del Ministerio Público a la ampliación de su ingadatoria por su presunto vínculo al escánadalo del programa de riego de Tonosí, provincia de Los Santos.

Virzi, llegó pasada las 8:00 de la mañana a la Fiscalía Tercera Anticorrupción, ubicada en el edificio Avesa, acompañado de su apoderara legal Guillermina McDonald. A su llegada, la defensa de Virzi señaló que se presentarían pruebas que demuestran que su defendido no está ligado a las posibles actos de corrupción que se dieran en el programa en mención. Virzi es propietario de Banco Universal, entidad que fue intervenida la semana pasada por la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Por otro lado, sectores políticos y abogados locales señalaron que el trato y las medidas cautelares a algunos allegados a la cúpula de Gobierno son distintos a las que se les aplica a los exfuncionarios de la pasada administración. Por ejemplo, Neftalí Jaén, exfiscal auxiliar de la república, asegura que la justicia ha demostrado su selectividad en la mayoría de los procesos que lleva adelante el Ministerio Público. "Se evidencia la persecución política que lleva a cabo la administración del presidente Juan Carlos Varela", sostuvo.

Mientras, sin ánimos de justificar, al jurista Ernesto Cedeño le llama la atención que Grimaldo Córdoba, acusado de ejercer la medicina sin haber obtenido el título universitario haya sido beneficiado con una medida cautelar de país por cárcel, mientras que otras figuras públicas como Alejandro Garúz o Gustavo Pérez, implicados en el caso de escuchas telefónicas, estén en detención preventiva aunque los delitos por los que se les acusan, conlleven menos años de prisión que la falta cometida por el panameñista Córdoba.

“Si el Sr. Gustavo Pérez y el Sr. Alejandro Garuz están en la Gran Joya, porque se les acusa de la presunta comisión de pinchazos telefónicos, que es un delito que contempla hasta cuatro años de prisión, mi criterio es que si el Ministerio Público actúa con objetividad, a Grimaldo Córdoba deben enviarlo rápidamente a La Joya”, aseguró. De acuerdo con el Código Penal, la pena mínima por ejercer la medicina de forma ilegal es de cinco años de prisión.

Sobre las detenciones preventivas el actual ministro de Gobierno, Milton Henríquez reconoció que en Panamá se está exagerando en la aplicación de dicha medida y que las autoridades deben reflexionar al respecto. "Somos el país que más abusa de la detención preventiva", dijo Henríquez tras conocer que Panamá encabeza una lista de naciones de la región que se exceden con esta medida cautelar.

Consultado sobre el tema, el exprocurador de la nación, Rogelio Cruz, manifestó que la prisión preventiva es la última de las medidas cautelares a las que deben recurrir los jueces y fiscales. Sin embargo, "hay una práctica inquisitiva en usarla a pesar de que la ley dice que se debe aplicar en última instancia".

Por su parte Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, comentó que al aplicarle esta medida a una persona investigada se está condenado sin previo juicio.