Fiscalía reitera petición de juicio a 32 implicados en caso de estafa a ASSA
Hasta dos semanas podría extenderse la audiencia preliminar del caso de supuesta estafa a la compañía de seguros ASSA, por el cual están sindicadas 36 personas.
Fiscalía reitera petición de juicio a 32 implicados en caso de estafa a ASSA
Hasta dos semanas podría extenderse la audiencia preliminar del caso de supuesta estafa a la compañía de seguros ASSA, por el cual están sindicadas 36 personas.
Ayer, en el inicio del proceso, el juez decimosexto de Circuito Penal, Enrique Pérez, desestimó la solicitud de proceso abreviado, por la objeción de tres de los 20 abogados y la ausencia de dos de los imputados.
Además, el jurista José Rogelio Díaz, representante de Jacinto Bernal y Cristian Aragón, presentó una solicitud de nulidad, pero fue desestimada por el juez penal al considerar el recurso como un proceso dilatorio.
Para agilizar el proceso, se acordó la omisión de la lectura de los expedientes.
Dentro de los alegatos, el fiscal tercero, Fraklin Amaya, por el Ministerio Público, solicitó el llamamiento a juicio a 32 de los implicados.
Amaya aclaró que dentro de este extenso proceso legal, los 36 acusados están divididos en 3 grupos por la supuesta comisión de los delitos de estafa, falsedad de documentos y sellos públicos.
La Fiscalía y la parte querellante, representada por el jurista Moisés Barnett, durante los alegatos, realizaron la solicitud de sobreseimiento definitivo a favor de Victoria Tejada Lezcano y provisional para Ricardo Basile, Liseth Samaniego y Yariela Chang.
Por otro lado, el abogado César Tejedor, defensa de Juan Quintero y señalado como figura principal de esta organización, evitó hacer comentarios, expresando que espera el momento indicado para realizar declaraciones.
De determinarse la culpabilidad de los imputados , se enfrentarían a dos tipos de penas, una por estafa agravada que, según lo establece el Código Penal, en su artículo 221, la sanción es de 5 a 10 años de prisión.
Se considera estafa agravada, ya que la suma de la lesión patrimonial asciende a más de 100,000 dólares.
Por el delito de falsificación de documentos públicos, la pena es de 4 a 8 años de prisión, de acuerdo con el código en su artículo 366.
Las investigaciones de este sumario, mediante una auditoría, revelaron que entre los años 2008 y 2012 se venía dando el ilícito en contra de la compañía aseguradora.
Se reveló que en concepto de reclamos ficticios se dio una lesión económica por más de 700,000 dólares.
En las averiguaciones se estableció que el hecho fue cometido con el supuesto patrocinio de empleados de la aseguradora afectada, como Juan Quintero y Edwin Castillo, quienes laboraban en el departamento de reclamos, ya que contaban con el conocimiento del proceso de reclamos, sus controles y flexibilidades.