Gobierno podría tomar el control absoluto de la empresa Mi Bus

Datos legalesArtículoEl artículo 32 del contrato 21-10 de agosto de 2010 incluye el rescate administrativo con fundamento en la Ley 22 de 2006 por parte de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).ObligaciónEl artículo incluye que “en caso de que los bienes que deben revertir a la ATTT conforme al respectivo contrato de concesión estén gravados, la ATTT deberá retener de la indemnización o compensación por concepto de rescate administrativo que tienen pendientes de pago (...).RescateEl artículo 33 dice que “en caso de producirse el rescate administrativo, el concesionario recibirá del Estado, por concepto de indemnización, un monto que será determinado por la vía de la valoración de la empresa a partir de todos los parámetros que sean necesarios.

Las diferencias legales entre Mi Bus y el Estado por el incumplimiento del contrato 21-10 de agosto de 2010 podrían terminar con el rescate administrativo de la empresa.

La figura legal aparece como una de las alternativas más viables que entrarán a discutir los asesores legales y técnicos del Ministerio de Gobierno. También se incluye la posibilidad de que otro operador entre a prestar el servicio.

Desde hoy, y luego de que el Estado decidió romper las negociaciones con los directivos de Mi Bus por incumplir con lo acordado de retirar la demanda arbitral por $75 millones, el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, informó que sobre la mesa están todas las opciones legales estampadas en el contrato para garantizar la calidad del servicio a los usuarios del transporte público en la capital.

“El Gobierno Nacional se está preparando con reuniones para definir las estrategias de los distintos escenarios que tenemos para seguir adelante, incluyendo la figura de rescate administrativo, mediante el cual el Estado asume el control absoluto de la operación del metrobús y todo lo que hay de intermedio”, dijo Henríquez, quien está a cargo de encontrarle una solución definitiva al problema.

Agregó que al mismo tiempo se le exigirá a la empresa que siga operando el sistema con el servicio de calidad que se espera de ellos. Sanciones, control y fiscalización reforzarán las medidas que a corto plazo se proponen las autoridades para achicar a la empresa. “Se hará lo que sea necesario (...) para que en poco tiempo podamos tener una decisión definitiva del problema”, expresó Henríquez.

Otra de las alternativas que no se descartan en la mesa de expertos, y como última oportunidad, es que se impulse un acuerdo mutuo de ambas partes sobre el desistimiento por parte de la empresa en cuanto al proceso arbitral y que en su lugar cumpla con su parte del contrato. Que el Estado panameño, a su vez, atienda todas sus responsabilidades en cuanto al pago oportuno de los subsidios y garantías de servicio.

En declaraciones dadas a Panamá América, Henríquez también habló de dividir la concesión administrativa en dos zonas. “Con el actual operador se trabajaría en un área y con el otro operador en otra. Existen múltiples opciones que nosotros vamos a analizar y que vamos a llevar adelante con la finalidad real, que es el mejor servicio de los usuarios”, concluyó.