Gobierno se precipita en ordenar cierre de albergue para cubanos

La orden del cierre de la Pastoral Social Cáritas, que se encarga de darles ayuda humanitaria a migrantes cubanos, por parte del Gobierno Nacional, fue considerada como precipitada por activistas de derechos humanos.

La profesora y abogada Anayansi Turner, defensora de los Derechos de los Universitarios en la Universidad de Panamá, explicó que el fenómeno de los migrantes y de los refugiados es un tema de gran preocupación, sobre todo a nivel internacional, porque fundamentalmente están huyendo de sus países de origen por guerra, razones económicas, condiciones de vida, entre otros aspectos.

Asegura que están conscientes de que cuando se ingresa de forma ilegal, el país tiene que ver cómo resuelve y refrena esta situación.

"Los inmigrantes legales o ilegales tienen sus derechos como a la vida, la alimentación, la salud y la escuela", sentenció.

Para Turner es loable la labor que está desempeñando Cáritas, por lo que realmente esta administración de Varela debería hacer un plan para tratar el tema migratorio, coordinado con estos albergues, y ver cómo se les va ofreciendo la ayuda y a la vez estableciendo mecanismos de control para estas personas.

A consideración de la defensora de los derechos humanos, los puestos de control deben instalarse en las fronteras, sin embargo, la avalancha de migrantes el año pasado reveló que no existen estos parámetros.

Advirtió que la responsabilidad es del Gobierno, porque una vez que estos migrantes están dentro del país, hay que respetarles sus derechos más elementales como lo está haciendo la Pastoral Social Cáritas en Panamá.

El presidente Juan Carlos Varela dio un plazo de 30 días para el cierre de Pastoral Social Cáritas.

Alrededor de 292 cubanos están hospedados en Cáritas, en tanto que unos 72 se encuentran en la frontera de Panamá con Costa Rica.

Director del albergue Pastoral Social Cáritas, Víctor Berrío, dejó claro que solo los obispos le pueden ordenar cerrar el lugar.

El director de la pastoral considera que el mandatario se está dejando asesorar demasiado por estamentos militares que están dentro del Consejo de Seguridad Nacional.

Actualmente, 292 cubanos están albergados en Cáritas, mientras que 72 todavía se encuentran entre la frontera de Panamá con Costa Rica. De estos, 15 intentaron cruzar, pero fueron devueltos a territorio panameño.

El abogado Luis Archibold rechazó el ultimátum que diera Varela a este albergue, y afirmó que con esto se está violando los derechos humanos de los migrantes.

"A cualquier refugiado o necesitado de alguna ayuda, es algo imprescindible que deben hacer los seres humanos sin importar la nacionalidad", agregó.

Argumentó que si es una obra benéfica la que está corriendo con algunas necesidades o gastos de estos individuos, no ve por qué el Gobierno tiene que poner una fecha límite de ayuda.

"Siempre hemos hablado de un país como Panamá, de puertas abiertas y de buena hospitalidad", indicó.

Archibold coincide con Turner en que si se quiere evitar a estos migrantes, entonces se debería reforzar las aguas y entradas, pero que ya una vez dentro hay que ser solidarios como panameños.