TIERRAS. El caso está ligado a la investigación de la supuesta inscripción ilegal de 88 fincas del Estado.
Hermanos del diputado Torres son demandados por afectada
La exdirectora de Reforma Agraria, Nadia Moreno, adjudicó una propiedad que ya tenía dueño. Se segregaron 245 hectáreas en Chiriquí y se titularon a 5 dólares la hectárea a favor de un grupo de 6 personas.
Terrenos baldíos , la figura
- Las 88 fincas supuestamente adjudicadas de forma irregular, fueron identificadas inicialmente como terrenos baldíos propiedad del Estado. Sin embargo, la mayoría de estas propiedades bajo investigación se encuentran ubicadas en islas y costas, donde la Dirección Nacional de Reforma Agraria no tiene jurisdicción.
Datos del problema de tierras
43- personas están mencionadas en la supuesta red que inscribió ilegalmente 88 fincas del Estado.
- sociedades fueron utilizadas como pantalla para traspasar las propiedades.
- millones de dólares está valorada la propiedad en Chiriquí que fue adjudicada por mil 488 dólares.
Entre el 28 y 29 de febrero de 2009 la directora nacional de la Reforma Agraria, Nadia Moreno, segregó y adjudicó seis fincas en el corregimiento de Caisán, Chiriquí, beneficianda a dos hermanos del diputado Freidi Torres y cuatro personas más.
En total se adjudicaron más de 245 hectáreas que fueron declaradas lotes baldíos propiedad del Estado, en una de las zonas agrícolas más codiciadas del país.
Cada hectárea fue adjudicada por la Reforma Agraria en 5 y 6 dólares. Sin embargo, la propiedad acaba de ser valorada en 1.5 millones de dólares.
El caso está relacionado con la investigación de la red que, supuestamente, inscribió fraudulentamente 88 fincas del Estado, y en la que al menos hay 43 personas señaladas, entre ellas otros familiares del diputado Torres, políticos y exfuncionarios de la administración de Martín Torrijos.
Las seis resoluciones de las propiedades en Caisán fueron firmadas por la entonces directora de Reforma Agraria, Nadia Moreno, igual como sucedió en las fincas de las islas San Miguel, Cayo de Agua y Punta Laurel, así como en otras propiedades en las costas de Veraguas y Colón. Esto, a pesar de que Moreno no tenía jurisdicción sobre terrenos en costas e islas.
En el pasado Moreno fue asistente personal del diputado Torres para asuntos en la Asamblea Nacional.
Paralelo a la investigación de oficio del Ministerio Público, Emilsa Montenegro de Fuentes presentó una querella ante la Fiscalía Tercera de Chiriquí, reclamando las tierras que la Reforma Agraria segregó y adjudicó en el 2008.
La señora Fuentes dijo a [B]Panamá América [/B]que su familia lleva más de 50 años de estar ocupando estas tierras. “Yo me enteré de todo esto porque estaba esperando el juicio de sucesión, ya que mi esposo Pantaleón falleció en el 2002”, dijo Fuentes, una señora humilde de 70 años.
El Juzgado Cuarto de Chiriquí programó para el pasado 30 de agosto la audiencia preliminar, para las seis personas que ahora aparecen como dueñas de la finca de la familia Fuentes, Oliver Alexis Torres Díaz, quien recibió 41 hectáreas; Ricardo Torres Díaz, 5 hectáreas; Tomás Alberto Barría Barrera, 83 hectáreas; Jorge González Peñalba, 97 hectáreas; Gisela Barrios Quintero, 8 hectáreas, y Jahaira Vital Villarreal, quien recibió otras 8 hectáreas.
Sin embargo, la audiencia fue suspendida porque ninguna de las personas denunciadas logró ser notificada, por lo que se fijará la nueva fecha.
“Nosotros tuvimos a poner un secuestro para no perder estas tierras”, dijo Fuentes al referirse a la propiedad que podría perder del todo.
El abogado de la señora Fuentes, Diógenes Dante, señaló que el caso ahora está a la espera de una nueva fecha de juicio, ya que tiene entendido que se logró notificar a los denunciados.
Dante también indicó que se está a la espera del expediente de la investigación, que lleva de oficio el Ministerio Público por el total de las 88 fincas afectadas del Estado.
En el caso de las fincas de Caisán, la persona que inscribió seis de las adjudicaciones de Reforma Agraria fue nuevamente José Edir Torres, quien junto a Jesús Morales son señalados como los supuestos cabecillas de la red. Ambos ya cuentan con medidas cautelares ordenadas por el Ministerio Público.
Las seis fincas fueron inscritas en el Registro Público el 3 de marzo de 2008.
José Edir Torres también es familiar del diputado Torres, quien semanas atrás aceptó que sus hermanos estaban siendo investigados por este lío de tierras, pero en calidad de afectados. Agregó que detrás de todo hay un caso de persecución política.
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