Jueces aceleran fallos condenatorios

En menos de una semana los jueces y fiscales que integran el sistema judicial, han emitido por lo menos 15 fallos condenatorios, que evidencian que la recomendación del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Pereira Burgos, de tratar con brevedad los expedientes que les son adjudicados, ha sido tomada en cuenta.

El fallo más sobresaliente fue dictado por el Tribunal Superior de Justicia a Calixto Hernández, condenado a 15 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su padre Justo Hernández, hecho ocurrido en la comunidad de La Mata en Veraguas.

Mientras que la Fiscalía Cuarta Superior logró la condena de Adrián Ramos Peralta y Ronald Ricardo Vera, a 16 años de cárcel, encausados por la muerte de Mario Pinzón, quienes lo agredieron con un objeto punzocortante propinándole varias heridas.

Este hecho tuvo lugar el 8 de julio de 2000, en el residencial Villas del Campo, cuando Pinzón llevó a sus agresores a su residencia y debido a sus desviaciones sexuales, pidió a Ramos Peralta que mantuvieran relaciones orales.

Este último lo rechazó, ocasionándole varias heridas que le produjeron la muerte a consecuencia de un shock hemorrágico.

En tanto, el Segundo Tribunal de Justicia, el pasado 9 de enero, sentenció a 10 años de prisión y 3 de inhabilitaciones para el ejercicio de funciones públicas a Dagoberto Palacios Ibargüen, por el homicidio de un menor de 16 años.

Mientras que la Fiscalía Primera de Circuito de San Miguelito logró la condena de José Lorenzo De Gracia por el delito contra el pudor y la libertad sexual, en perjuicio de una niña menor de edad.

Cabe señalar, que Pereira Burgos, a su llegada a la Corte, se comprometió a desaparecer el término "engavetamiento", pues nunca lo ha practicado y menos justificado, por lo que aseguró que erradicará la mora judicial y el mal tratamiento de los expedientes.

Por tal razón ha propuesto una ley para el mejoramiento de la calidad de ejecución de los recursos presentados, procurando que los ciudadanos reciban respuesta rápida mediante el establecimiento de órganos de instrucción independientes y la fijación de responsabilidades para quienes presenten las denuncias, si resultaran falsas.