Lujos de delincuentes cuestan al Estado más de B/ 1 millón

Las excentricidades de los narcotraficantes, lavadores de dinero y personas ligadas al crimen organizado, a quienes se les siguen procesos en los tribunales, no tienen límites.

Con el dinero que manejaban vivían en bienes inmuebles llenos de lujos.

Con cada operación antidrogas con la que se da un golpe al narcotráfico, son encontrados automóviles de lujo, fincas, comercios, mansiones, ganado, caballos.

aviones, lanchas, joyas, entre otros.

Las cautelaciones son millonarias y los gastos que acarrea el sostenimiento de los bienes también tiene las mismas proporciones.

Caso Murcia.

El escándalo financiero que dejó el cierre de operaciones de la empresa DMG y la captura de su propietario David Murcia Guzmán lleva a enfrentar a las autoridades el dilema del mantenimiento que tendrán al menos nueve autos de lujo, inigualables en el mercado panameño, presuntamente propiedad del colombiano.

Los Lamborghinis, Maseratis, Porsche y Hummer, guardados en la sede de la Dirección de Investigación Judicial de Ancón, llevará a las autoridades antidrogas del Ministerio Público (MP) a anticiparse para la venta pública en subasta de dichos bienes.

Las fiscalías de drogas analizan la aplicación de la Ley N° 38 de 10 de agosto de 2007, "Que modifica y adiciona artículos a la Ley N° 23 de 1986, relativos a bienes aprehendidos y dicta otras disposiciones".

En el artículo 4 y 5 de esta ley, se establece claramente que los bienes aprehendidos que actualmente se encuentran en custodia del Ministerio Público representan una carga económica debido a que el mantenimiento de éstos requiere de recursos que superan la capacidad económica.

Además, se requiere del almacenamiento del Centro de Custodia de Bienes y Fondos Cautelados, lo que se traduce en riesgos en materia de seguridad y de salud pública.

El texto de la ley se complementa en que la mayoría de los bienes tienen características de fabricación, composición, uso o destino cuyo estado de almacenamiento, desuso y/o desocupación conllevan el deterioro, afectación o pérdida de su utilidad.

Gastos.

Al Ministerio Público le cuesta anualmente más de B/ 1 millón el mantenimiento, administración, custodia, seguridad de los bienes inmuebles y muebles, confirmó el fiscal segundo de Drogas, Edwin Guardia.

Las estadísticas de las inspecciones de los bienes realizadas en el 2008 se dieron en tres etapas por la Sección de Bienes Cautelados.

De los bienes aprehendidos bajo custodia del Ministerio Público y otros dados en administración registran en la totalidad unos 197 bienes entre apartamentos, casas, fincas, hoteles, locales comerciales, entre otros.

Estos se encuentran esparcidos desde las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, las costas de ambos mares, la capital hasta Tortí en Chepo.

Aún no se ha terminado de inspeccionar bienes inmuebles calculados en 520 millones.

La aprehensión de estas propiedades fluctua debido a las decisiones de los tribunales, que en un momento dado pueden dictar la devolución del bien o por el contrario ordenar los traspasos a la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED).

El fiscal primero de Drogas, José Abel Almengor, mencionó que es la primera vez que se hace un inventario total de los bienes cautelados, y se ha comenzado por los inmuebles.

Almengor admitió que el Estado no cuenta con un presupuesto asignado a la custodia de bienes aprehendidos.

La reglamentación de la Ley N° 38 de 2007, establece en el Artículo 3, que el fiscal de la causa, mediante una resolución, puede designar a una persona natural o jurídica, pública o privada, como custodio provisional de un bien aprehendido cuyo mantenimiento resulte oneroso.

Todos los bienes deben ser objeto de avalúos y los dineros en cuentas bancarias que están congelados, quedan pendientes de una decisión del tribunal.

El dinero producto de la venta de los bienes que son vendidos anticipadamente, son depositados en una cuenta especial y también están a la espera de la decisión de un juez.

Durante esta investigación no se obtuvo la cifra total de dineros congelados, ya que existe un proceso para la petición ante el Ministerio Público, que no está a cargo de las fiscalías de drogas.