El sindicalista se encontraba hasta ayer fuera del país, según informó su abogado
Mariano Mena, en supuesto caso de violencia doméstica
Su hijastra Michelle Flores lo acusa de haberle causado una fractura en su clavícula izquierda que la incapacitó por más de 30 días. El Instituto Nacional de la Mujer censuró ayer la actitud del dirigente sindical y le pidió a la afectada llevar el caso hasta las últimas consecuencias.
El dirigente de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP), Mariano Mena, se encuentra envuelto en un nuevo escándalo, esta vez por supuesta violencia doméstica causada a su hijastra Michelle Johan Flores, en su residencia en Las Cumbres, mientras estaba en estado de embriaguez.
El pasado 23 de mayo, Elizabeth Espinoza, representante legal de Flores, presentó ante la sede del Ministerio Público una querella penal contra el dirigente de la CGTP.
En el documento se acusa a Mena de provocarle lesiones personales producto de violencia doméstica a Flores, que la incapacitaron por más de 30 días.
Flores sufrió una fractura en su clavícula izquierda y el coxis, información que fue respaldada en la querella con certificaciones médicas del Instituto de Medicina Legal, Hospital Santa Fe y el Santo Tomás.
El Inamu recibe entre cinco y ocho consultas diarias de mujeres que sufren de violencia doméstica.
Sin embargo, Flores pudo no haber sido la única víctima de este hecho. La querella también detalló que el caso fue remitido en primera instancia al juzgado segundo nocturno de la Policía, donde Desiree Mena presentó otros cargos contra su padre por supuestamente haber golpeado a su madre, abuelo y cuñado.
“Desiree también declaró que si bien ella tuvo suerte, porque no fue golpeada, sí recibió gritos e insultos de su papá, así como el resto de su familia”, describe la denuncia.
Todo por haberle bajado el volumen a un radio que mantenía encendido Mena la noche de los hechos que terminaron en el juzgado nocturno.
Según la querella, Mena aceptó en el juzgado los cargos que le presentó su propia familia, pero exigió que su hijastra y esposo dejaran de vivir en su propia residencia.
La representante legal de la afectada solicitó a las autoridades del Ministerio Público que el sindicalista sea condenado como lo establece el artículo 136 del Código Penal, por supuestamente haberle causado a su hijastra “daños corporales y psíquicos incurables”.
También pidió que, mientras dure el proceso de investigación, se le imponga a Mena la medida cautelar de detención preventiva por ser la pena mínima de cinco años.
Se intentó conocer la versión del Mena pero su representante legal, Samuel Rivera, informó que se encuentra fuera del país.
Sin embargo, el abogado reaccionó sorprendido por la querella contra su representado por supuesta violencia doméstica.
Sobre este caso, el dirigente Rafael Chavarría, del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), prefirió no emitir comentario, amparándose en que se trata de un “tema delicado de contenido familiar que Mena debe afrontar”.
En el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), la subdirectora de la institución, Toribia Venao, censuró la actitud de Mena contra su hijastra.
“Por tratarse de una figura pública que predica justicia es cuestionable este tipo de comportamiento y más porque está en el contexto familiar”, dijo Venao.
Recomendó a Flores que se mantenga en la denuncia contra su padrastro hasta que las autoridades del Ministerio Público concluyan las investigaciones de corresponsabilidad producto de la actitud machista en la sociedad sin distinción de clase social.
Según dijo, en la sede del Inamu se reciben a diario entre cinco y ocho consultas de mujeres que en un 80% se manejan en un escenario de maltrato. “La mayoría busca ayuda para cuando surja una primera oportunidad atreverse a interponer la denuncia.
Otro proceso
Mena mantiene actualmente otro proceso abierto en el Juzgado Décimo Penal en espera de juicio.
El líder de la CGTP es uno de los nueve dirigentes imputados en la supuesta lesión patrimonial contra fondos del Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL), por 163 mil dólares.
El proceso se basa en una auditoría que realizó la Contraloría General de la República a 10 organizaciones de trabajadores, en la que se detectó el uso irregular de los fondos de IPEL provenientes del seguro educativo en el periodo del 1 de enero de 2007 al 31 de julio de 2009.
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