Panamá es el sueño dorado para ilegales nicaragüenses

El constante éxodo ilegal de nicaragüenses hacia Panamá genera investigaciones penales en Chiriquí por supuesto tráfico de indocumentados, reforzamiento de la vigilancia policial en la frontera tico-panameña y operativos de Migración en varios puntos del país, sobre todo en la ciudad capital.

Paralelamente, aflora la preocupación de la Embajada y el Consulado nicaragüenses en Panamá, así como de organismos de derechos humanos por presuntos malos tratos a los que son sometidos estos migrantes.

No existen cifras exactas de cuántos migrantes nicaragüenses hay en Panamá, pero la Dirección de Migración calcula que pueden haber más de 20 mil, la mayoría llegados en los últimos cinco años.

No obstante, informes provenientes del Banco Central de Nicaragua señalan que el año pasado ese país recibió 1,014 millones de dólares. El dinero provino primordialmente de Estados Unidos, con el 57.6%; Costa Rica, con el 23.2%; España, con el 5%, y Panamá, el 2.8%.

¿Por qué vienen a Panamá? “En busca de fortuna, porque en Panamá hay mucho trabajo por la ampliación del Canal”, respondieron 20 de los cerca de 200 nicaragüenses que viven en la precaria comunidad de Las Garzas de Pacora.

Se estima que cerca de un 20% de los nicaragüenses emigró hacia otros países en busca de un mejor futuro durante los últimos 16 años.

Forman asentamiento

El Servicio Jesuita a Refugiados hizo un estudio de la situación social de estos migrantes en Las Garzas, que estima se ha convertido en el principal asentamiento de estas personas en el país.

Una buena cantidad de ellos vive allí de forma indocumentada y se queja de que son hostigados por la Policía Nacional.

Algunos tienen hasta 16 años de residir en el lugar y otros han llegado poco a poco en los últimos años, arroja el estudio.

La mayoría viene a trabajar en labores de construcción, agropecuarias, de comercio y técnicas, como la mecánica y la electricidad.

Las cifras señalan que más del 60% de los nicaragüenses que ingresa al país son mujeres, quienes vienen a trabajar en casas de familia o en restaurantes.

La ecuación es simple, en su país ganaban hasta 150 dólares al mes, mientras que en Panamá cobran más de $400. Esto les permite enviar dinero a su familia.

La alta emigración de extranjeros al país ha motivado el surgimiento de nuevas empresas en Panamá dedicadas al envío de remesas hacia diferentes países. Nicaragua ocupa uno de los primeros lugares en la lista de naciones receptoras.

Una buena cantidad de los nicaragüenses en Panamá trabaja en la construcción para subcontratistas que, según los organismos de derechos humanos panameños, la mayor parte de las veces no cumple con las normas laborales vigentes.

Los informes sociales indican que los nicaragüenses se mudan a barrios marginales, en donde alquilan cuartos paupérrimos a unos $70 mensuales, para vivir en grupo.

Otro número importante de migrantes de esta nacionalidad se ha establecido en Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas, en donde realizan labores agropecuarias.

Desde el año 2008 a la fecha se han legalizado 8,660 nicaragüenses, mediante visas de residencia, temporales, permanentes, de inmigrante y a través de procesos de regularización extraordinarios.

Los indocumentados generalmente emigran con sus hijos, quienes también viven situaciones sociales difíciles por la falta de documentación.

El sondeo hecho por el Servicio Jesuita al Refugiado arrojó que el 40% de los nicaragüenses en Las Garzas dijo haber sido detenido por la Policía, el 90% hostigado y el 70% sufre por no tener un trabajo estable.

Pesquisas penales

Cuatro denuncias por el tráfico de indocumentados por Paso Canoas, área fronteriza con Costa Rica, son investigadas actualmente por la Fiscalía Delegada de Chiriquí.

Tres de las denuncias fueron presentadas por el tráfico de nicaragüenses, por este caso hay cinco detenidos. Además, se investiga el tráfico de asiáticos, por lo cual hay tres personas presas: dos panameños y un costarricense, informó el fiscal delegado, Ezequiel Sotto.

Señaló que dos de las denuncias fueron elevadas a fiscalías de circuito, mientras su despacho mantiene dos de las pesquisas, una por el tráfico de 13 nicaragüenses que fueron retenidos en el puesto de control integral de Guabalá, en Tolé, después de un seguimiento, y otra por el tráfico de nueve asiáticos.

En el caso de los asiáticos, se les formularon cargos a los implicados por el delito de tráfico internacional de personas y falsificación de documentos.

En el de los nicaragüenses, se les acusa de tráfico ilegal de personas. En este caso se investiga la posible participación de un funcionario del Servicio Nacional de Migración por su presunta intervención en la colocación de sellos de entrada a los pasaportes de los nicaragüenses ilegales.

El coordinador del puesto de Control del Servicio Nacional de Migración en Paso Canoas, Edgar Aparicio, dijo que en la denuncia presentada ante el Ministerio Público por el tráfico de indocumentados nicaragüenses se suministraron los nombres de seis empresas de ese país que se dedican a traer ciudadanos a Panamá de manera ilegal.

Añadió que los ilegales nicaragüenses se han convertido en el principal problema. Estos ingresan en paseos, pero se quedan en el país en busca de mejores oportunidades laborales.

Aparicio señaló que se mantienen medidas de control migratorio a los nicaragüenses para evitar que puedan ingresar sin los requisitos establecidos.

Los nicaragüenses deben presentar su boleto de regreso a Nicaragua, facilidades económicas y sus documentos en regla.

Afirma que los nicaragüenses que no cuentan con estos requisitos, no pueden ingresar al territorio nacional.

Sin instalaciones

El Servicio Nacional de Migración en Chiriquí no tiene un albergue para los indocumentados que son retenidos y solo cuenta con un área pequeña en Paso Canoas para albergar a cuatro mujeres, mientras que los varones son puestos bajo custodia temporal del Servicio de Fronteras.

Esta situación obliga a Migración a enviar en menos de 24 horas a los ilegales a la ciudad de Panamá, donde hay un albergue para alojar a los indocumentados.

Dura situación

Organismos de derechos humanos han documentado casos de abuso en contra de nicaragüenses, sobre todo mujeres. Figura el de una mujer que, pese a que tenía seis meses de embarazo, era obligada a seguir trabajando como alternadora en un centro nocturno.

Ella llegó a Panamá a los 17 años a trabajar como camarera en busca de un mejor porvenir, pero una vez aquí, sus jefes la obligaron a atender a los clientes.

La mujer era obligada a pagar de su salario a sus jefes más de mil dólares, supuestamente como un “impuesto” por dedicarse al negocio del espectáculo en Panamá.

La joven fue rescatada por el Servicio Jesuita a Refugiados, pero solo quiso interponer una demanda laboral contra sus jefes, mas no así una denuncia penal por supuesta explotación sexual.