Panamá restringe entrada a menores ticos

Los menores de edad ticos que viven en la frontera sur tendrán que tener pasaporte para movilizarse entre Costa Rica y Panamá, documento que no se les exigía hasta el momento.
Aunque la Dirección General de Migración y Extranjería tomó la medida para evitar el tráfico ilegal de menores, la disposición causó descontento en ciudadanos de algunas poblaciones fronterizas.
Más que todo porque por años no hubo tal restricción y así los menores podían ir libremente -aunque sin control oficial- a las fiestas y ferias que se realizan en Chiriquí, Panamá.
De acuerdo con una carta que enviaron los vecinos de la región al presidente Abel Pacheco, el 8 de noviembre, ellos tienen que recorrer más de 350 kilómetros para poder viajar a San José a gestionar el pasaporte, lo cual no solo requiere de tiempo -el viaje les ocupa dos días- sino dinero.
Por ejemplo, el traslado en autobús cuesta ¢2.545 por persona, para un total de ¢5.090 ida y vuelta. Y como el menor no puede viajar solo, el gasto es doble.
La directriz de Migración se dio el 21 de octubre por parte del director de esa entidad, Marco Badilla Chavarría, quien ordenó a los oficiales de Migración no hacer ninguna excepción.
Sin embargo, Badilla explicó a La Nación que si bien la directriz sobre el uso de pasaportes en menores está vigente y debe atenderse estrictamente, la Ley General de Migración permite para los casos de vecinos de fronteras una modalidad diferente, que puede aliviar sus preocupaciones.
"Existe una figura llamada pase vecinal que se aplica para quienes viven cerca de una frontera, con el fin de facilitar su tránsito. Es un permiso que se extiende por hasta 48 horas con previa autorización de los padres del menor", explicó.
También indicó que se tiene proyectado realizar una inspección ocular en las instalaciones de las empresas Grupo Style y Body Color, para determinar si efectivamente fueron los sitios desde donde se enviaron los faxes simulando un memorándum con la firma de la ministra de la Presidencia, Ivonne Young, en donde se autoriza intervenciones telefónicas a un grupo de políticos, empresarios, dirigentes sindicales y periodistas. La fuente precisó que también podría llamarse a declarar a Enrique Montenegro Paredes, a cuyo nombre aparecen las citadas empresas de donde presuntamente fueron enviados los faxes.
Además se ha solicitado información a todos los medios que recibieron el documento sobre el número de teléfono desde donde se envió el documento.
En la denuncia presentada en la tarde de ayer se establece que Montenegro Diviazo ejecutó actuaciones que configuran el delito de simulación de hecho punible, en la medida que se ha elaborado un documento y falsamente se le ha atribuido a la ministra de la Presidencia, con la finalidad que éste sea utilizado como prueba dentro de una denuncia presentada ante el Ministerio Público.
En tanto, Montenegro Diviazo aseguró que con anterioridad se le formularon acusaciones de estar grabando las conversaciones de funcionarios y que ahora usando una norma del Manual de Contrainteligencia intentan desviar el origen de las grabaciones telefónicas.
Montenegro Diviazo también negó que haya distribuido copias de los faxes con la lista con nombres de las personas objeto de los espionajes. Añadió que aquí ha quedado demostrado que el Consejo de Seguridad lo ha estado siguiendo y espiando con la presentación pública de fotos de su persona en un café.
Aseguró que los miembros del gobierno están intentando convencer al procurador Sossa para que lo investigue, pero aseguró que demostrará la participación de funcionarios del Consejo de Seguridad en este tipo de actividades y que hoy acudirá al Ministerio Público con su abogado.
Dijo estar convencido que lucha contra un "gobierno corrupto e inmoral" que no se detendrá ante nada con tal de silenciar las pocas voces que denuncian sus arbitrariedades e ilegalidades.
Montenegro Diviazo sostuvo que acudirá a las nueve de la mañana de hoy a la Procuraduría de la Nación para solicitar que se investigue a la presidenta Mireya Moscoso; al director del Consejo de Seguridad, Ramiro Jarvis y Arnulfo Escalona, ministro de Gobierno.
Aclaró que conoce a los propietarios de los establecimiento, que son Roberto Luis Piquera y Jaime Cucalón, y ninguno ellos tiene nada que ver con esto.
Montenegro negó que haya enviado el memorándum desde estas empresas y añadió que todo forma parte de las denuncias de corrupción que han dejado en el aire sin dar respuestas como: el caso de los "durodólares", el hundimiento del helicóptero HP1430, la ratificación de los magistrados de la Corte Suprema, la aprobación del Centro Multimodal de Inversiones y Servicios (CEMIS), entre otros. Ayer durante todo el día la presidenta se reunió con los presidentes de los partidos políticos, el arzobispo de Panamá, José Dimas Cedeño, bancadas legislativas y el procurador de la Nación, José Antonio Sossa para ultimar detalles de este hecho.