Panameños adquieren más armas para estar seguros

La mitad de las armas legales registradas en el país son adquiridas por ciudadanos que las usan para su seguridad personal. En este universo sobresale un incremento en el interés de las mujeres por estar armadas, ya que en los últimos ocho años el porcentaje subió del uno al 10%.

“El aumento de armas en manos de civiles obedece a una tendencia en los países en vía de desarrollo, en los cuales los niveles de inseguridad ciudadana han aumentado”, sostiene Severino Mejía del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá.

Agregó que esta situación se ha convertido en una preocupación para las autoridades, que temen que el acelerado incremento de armas de fuego en posesión de los ciudadanos se convierta una situación sin control.

Ante ese panorama se han endurecido las regulaciones y requisitos necesarios para la tenencia y el porte de armas. No obstante, a pesar de ser más rígidos, no le restan efectividad al proceso, que antes era más demorado y menos efectivo.

Ahora, en solo cuatro meses, las personas pueden obtener el equipo, cuando antes pasaba hasta un año para que finalmente recibieran el visto bueno de las autoridades.

Mujeres se arman

Rubén Tribaldos, administrador de un centro de entrenamiento para aspirantes a tener armas de fuego, indica que en los últimos años las mujeres han recurrido al porte de armas para sentirse más seguras.

Añadió que en los últimos ocho años se ha incrementado el porcentaje de mujeres con el interés de adquirir un arma de fuego.

“Antes solo representaban el 1%, hoy en día ya son el 10% del total de personas con este interés”, destacó.

Pero la cifra que más preocupa al experto es la que refleja que el 50% de los interesados en obtener un permiso para portar un arma, lo hace para defensa personal, mientras que el resto se divide entre la diversión, deporte y funciones de trabajo.

Tribaldos manifestó que el arma más adquirida es la pistola nueve milímetros, mientras que la menos solicitada es la calibre 22.

Destacó que esto sucede a pesar de que la nueva legislación ha simplificado los procesos y, aunque con más restricciones, las personas realizan los trámites en un menor tiempo.

“Los están agilizando bastante, pues lo que antes se demoraba entre ocho meses y un año, ahora no pasa de tres meses y medio, máximo cuatro”, explicó.

Corresponde a la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) la regularización, comercialización, tenencia y porte de armas de fuego, como lo contempla la Ley 57 del 27 de mayo de 2011, que regula todos los aspectos relacionados con las armas y municiones en el país.

Cómo adquirir una

Entre los requisitos para portar un arma de fuego, la persona debe llenar un formulario emitido por la DIASP, presentar copia de sus documentos de identificación personal y presentar una serie de exámenes. Posteriormente, dicha instancia procederá a investigar el historial policivo del solicitante.

El artículo 12 de esta ley plantea las restricciones para portar un arma, una de las cuales indica que las personas que tengan menos de 21 años no podrán portar un arma de fuego, y los menores de 18 años se les prohíbe la tenencia.

Otra de las prohibiciones apunta hacia quienes no hayan aprobado una prueba psiquiátrica o psicológica en los últimos seis meses para portar un arma de fuego, o los que hayan consumido drogas o sustancia psicotrópicas en los últimos tres meses.

Las restricciones también implican que no se les permitirá tener un arma de fuego a aquellas personas que hayan sido detenidas en reiteradas ocasiones por ebriedad, riñas, o violencia doméstica.

Además, incluye a las personas que fueron imputadas por delitos contra la libertad e integridad sexual o contra el orden jurídico , entre otras violaciones al ordenamiento penal de la República de Panamá.

Estrictas normas

A pesar de que la legislación penal panameña es estricta con las personas que porten armas ilegalmente, el problemas lejos de controlarse se agudiza.

El Código Penal de Panamá, en su artículo 333, establece: “Quien, sin autorización legal, posea arma de fuego, sus elementos o componentes, aunque esta se halle en piezas desmontadas y que debidamente ensambladas la hagan útil, será sancionado con prisión de cuatro a seis años”.

En el mismo artículo se especifica que la prisión será de seis a ocho años en casos en que a la persona se le encuentre más de dos armas, o si posee una de guerra o de gran poder destructivo.

También en casos en que la persona con permiso para portar armas la preste o si el arma es utilizada para apoyar cualquier organización criminal.

En los artículos 334 y 335 del mismo código se dictan sanciones adicionales para otros tipos de delitos relacionados con las armas, como es el caso de quien borre o altere la digitación de fábrica que tengan las armas.