Pedirán huella en registro celular
- Santiago Cumbrera
El titular de Gobierno negó que el Órgano Ejecutivo cuente con un aparato para ‘pinchar’ teléfonos.
El ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, reveló ayer que los concesionarios de telefonía móvil deberán tomar la huella dactilar del comprador de celular prepago.
Lo anterior forma parte de las modificaciones al anteproyecto de ley que busca rastrear comunicación y del programa de biometría de huella dactilar para el servicio migratorio, del aeropuerto, del Tribunal Electoral y de filiación de delincuentes, que adelanta el Gobierno Nacional.
“Esta es la única manera de poder trabajar eficientemente contra una tecnología que utilizan los delincuentes para delinquir”, sostuvo el ministro Mulino durante una intervención en el programa televisivo Debate Abierto.
El ministro Mulino también le garantizó al país que el Ejecutivo no tiene un aparato para ‘pinchar’ teléfonos ni puede hacerlo, toda vez que existe un control tecnológico en las concesionarias para “cubrirse las espaldas” ante futuras acciones legales.
Mulino, quien visitó el Centro de Operaciones de Intervenciones Judiciales para conocer su funcionamiento, dijo que para intervenir un teléfono la empresa proveedora del servicio telefónico tiene que dar un código que a su vez, debe ir acompañado de una orden judicial para poder actuar.
Modificaciones.
El funcionario reiteró que entre los cambios que hicieron al anteproyecto de ley se encuentra la eliminación de la "retroactividad" del registro de datos, como planteaba el documento original.
El nuevo proyecto será presentado mañana al Consejo de Gabinete por el ministro Mulino, quien ha elaborado ya dos borradores. Esta misma semana el proyecto será presentado a la Asamblea Nacional. Mulino sostuvo que “no apadrinará sinvergüencerías”.
Derogan Decreto-Ley.
En tanto, el mandatario Ricardo Martinelli reiteró ayer que derogará el Decreto-Ley que creó el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (SENIS), bajo la administración gubernamental del ex presidente Martín Torrijos.
“Yo lo derogaré por considerar que este Decreto-Ley sí atenta contra los derechos constitucionales, y fue una promesa de campaña”, recalcó Martinelli.
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