Plataformas digitales: Regulación o libre comercio

El proyecto de ley, que busca regular las plataformas digitales de transporte en Panamá, enfrenta a tres grupos que se mantienen en pie de guerra.

Por un lado, se encuentran los taxistas que brindan el servicio de transporte colectivo, los cuales desde hace años vienen denunciando como una competencia desleal el servicio que se brinda a través de estas plataformas.

Este grupo de transportistas ve con buenos ojos el proyecto de ley 986, que se discute en la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional (AN), el cual busca regular estas plataformas a través de las prestatarias establecidas en el país para brindar este servicio.

Por el otro lado, se encuentran los conductores que ofrecen el servicio de transporte de pasajeros a través de las plataformas digitales, quienes están en contra de ser regulados a través de estas prestatarias, pues según ellos, es más que evidente que el sistema de transporte selectivo que ofrecen estos, se ha quedado obsoleto.

En tercer lugar, están las empresas que operan estas plataformas digitales de transporte, las cuales también se oponen a esta regulación.

De acuerdo con Gilberto Atencio dirigente de Taxis Unidos de San Miguelito y de Turismo, el proceder de las plataformas en Panamá ha sido deshonesto.

"La tecnología es buena, pero ellos han sido deshonestos en todos los países a donde han ido, han violado todas las reglas, han pisoteado todos los derechos de los transportistas humildes", resaltó.

Agrega que debe existir un estricto respeto a las reglas, normas y leyes que cada país tiene.

"Tú no puedes llegar a un país e imponer lo que a ti te da la gana y eso es lo que han hecho ellos. Estas plataformas tuvieron la suerte de tener un Gobierno como el de Juan Carlos Varela, al cual yo llamé el padrino, porque era un capo, el que gobernaba Panamá y controlaba todas las instituciones, manipuló la justicia y manejó como le dio la gana este país", comentó.

Atencio afirmó que no se puede permitir que una empresa internacional se lleve tantos millones de este país, sin dejar un centavo a las arcas del Estado.

Por su parte, José Lezcano de la Unión de Conductores de Plataformas Digitales señaló que ellos se ven en el mismo panorama de los transportistas que están afiliados a una concesionaria de taxis o de turismo.

Lezcano reconoció que ellos tienen problemas con las empresas que ofrecen estas plataformas, quienes los obligan de alguna manera a hacerle ver a los taxistas que están compitiendo de una manera desleal.

"Quiero manifestar el rechazo a esta ley de todos los transportistas que ofrecemos el servicio y que nos hemos ganado el título de transportistas de plataforma a lo largo de nueve años, hemos prestado un servicio de calidad, diferente al actual", argumentó.

El conductor puntualizó que su rechazo al proyecto de ley 986 se da porque no reconoce el decreto 331, que regula las plataformas digitales en el país.

Resaltó que el proyecto de ley 986 pasa por encima de los artículos 40, 49, 50 y 64 de la Constitución Política, esto según él por sobreponer los intereses privados, sobre los sociales y públicos.

En tanto, la empresa Uber a través de una carta dirigida al diputado Abel Beker, presidente de la Comisión de Comunicación y Transporte, señaló que se pretende regular el servicio de taxi de lujo a través de intermediarios o uso de las plataformas tecnológicas y derogar el Decreto Ejecutivo 331 que las reglamenta, estableciendo nuevas condiciones y requisitos para quienes realizan esa actividad.

De acuerdo con la empresa, esto genera indefensión para los prestatarios del servicio, ya que han cambiado diametralmente las condiciones de la operación en el país.

"La pretendida derogatoria el Decreto 331 resulta violatoria del artículo 282 de la Constitución, ya que al eliminar el servicio de transporte de lujo, el Estado desconoce su obligación de asegurar beneficios para el mayor número posible de habitantes", aseguró la empresa tecnológica.

Uber sostiene que es necesario otro enfoque normativo y un distinto alcance en la legislación que se requiere impulsar, razón por la cual rechazan el proyecto de ley 986 en la forma en que está planteado.

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