Podrían depositar B/.8 millones de Justines al Tesoro

El Ministerio Público presentó un recurso de casación contra la decisión de un tribunal de liberar y devolver al excoronel Marcos Justine unos B/.8 millones que se le mantenían cautelados por presuntamente haberlos obtenido de manera ilegal.
Una fuente judicial reveló que el recurso de casación fue admitido y que ahora corresponderá al Ministerio Público presentar las pruebas correspondientes por las que a su juicio los dineros de Justine deben ser depositados en el Tesoro Nacional.
La fuente reveló que Justine fue beneficiado con indulto por parte de la pasada administración gubernamental y sus abogados defensores argumentaron que al hacer efectiva la anulación de todos los procesos en su contra se le deben devolver los dineros cautelados.
Precisó que el Ministerio Público considera que los dineros cautelados al exmilitar fueron adquiridos de manera ilegal y que el indulto concedido por el Ejecutivo no debe ser extensivo a los dineros retenidos durante la investigación en su contra por los presuntos delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.
En un fallo emitido por el Primer Tribunal Superior de Justicia se negó un amparo de garantías constitucionales interpuesto por la defensa de Justine que pretendía la derogatoria de la orden que mantiene el comiso de sus bienes y cuentas bancarias.
Dentro de la decisión del tribunal se consideró que el Juzgado Noveno de lo Penal no violó el principio del debido proceso al ordenar el comiso de los bienes y cuentas del excoronel, luego que fuera indultado por el Ejecutivo.
La decisión del Primer Tribunal se produjo luego que el Segundo Tribunal de Justicia confirmara el comiso de los bienes de Justine y sus abogados presentaran una serie de recursos para lograr la liberación de los fondos.
El Ministerio Público investigó a Justine por el desembolso irregular de B/.41 millones, pero luego se determinó que de esos dineros 98.5% se usaron para el pago a los miembros de las extintas Fuerzas de Defensa durante la crisis de los años 80.
La defensa de Justine ha señalado que las acciones realizadas contra su cliente son violatorias a la Constitución Nacional y que son parte de una persecución contra su cliente. Los procesos contra el exmilitar se iniciaron tras la invasión de diciembre de 1989.