Reapertura de caso Financial Pacific viola presunción de inocencia
El abogado Carrillo denunció que la fiscalía esté requiriendo a Francolini de forma 'coercitiva' cuando siempre ha sido colaborador. Y en medio de todo, dijo que la CSJ 'sigue mirando para otro lado'.
Carlos Carrillo, defensa de Francolini, se presentó ayer al edificio Avesa para notificarse sobre los requerimientos de la fiscalía. Víctor Arosemena
A pesar de que el expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorro Riccardo Francolini ha sido colaborador en requerimientos anteriores del Ministerio Público (MP), su abogado Carlos Carrillo denunció la forma "coercitiva" en que se le ha citado en la reapertura del caso Financial Pacific, en el que hasta ahora no había sido mencionado.
Así lo puntualizó ayer el jurista, mientras denunciaba "argucias" para mantener este caso abierto.
"Nos sorprende que si el Sr. Francolini ha venido a todas sus citaciones y ha cumplido con todas sus obligaciones, esté siendo requerido de esta forma... vamos a ver cuál es la razón de la fiscalía porque conforme a derecho, esto no puede proceder así", dijo el jurista a su llegada ayer al edificio Avesa, sede de las Fiscalías Anticorrupción.
Al respecto, dijo que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) "no puede seguir mirando a otro lado". Pidió poner pautas y respetar la presunción de inocencia.
Carrillo se presentó para notificarse sobre el interés de la fiscalía en citar a Riccardo Francolini dentro de un grupo de 18 personas.
Dijo que, como en ocasiones anteriores, Francolini dará la cara y brindará toda la colaboración para demostrar su inocencia.
En este sentido, recordó que ya existen tres expedientes por esta misma causa, donde Francolini no había sido mencionado.
El jurista fue categórico al señalar que no existe ningún tipo de nexo entre las operaciones profesionales de Riccardo Francolini con los hechos investigados.
El caso Financial Pacific data de junio de 2015, cuando la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) interpuso querella por supuesto delito de blanqueo de capitales y transferencia irregular de fondos desde la extinta casa de valores.
Llama la atención que en la indagatoria realizada al liquidador José Ángel Hidrogo, bajo juramento indicó que nunca hubo "mala práctica u operaciones irregulares", y que la disolución de la sociedad se dio de conformidad con la ley.
¿Por qué se busca ahora relacionar a terceros por hechos que ya fueron objeto de investigación?", cuestionó Carrillo.