Se querellan contra fiscal Quezada por extralimitación de funciones

El abogado Jamis Acosta presentó dos amparos de derechos y garantías constitucionales a favor de un mexicano que tiene aprehendidos sus bienes y cuentas bancarias en Panamá.

Los recursos son en contra de dos órdenes de la juez de garantías, Clara Montenegro González, ambas del 6 de diciembre de 2019, emitidas durante el acto de audiencia oral de control de legalidad de medidas cautelares reales, en la que se dispuso legalizar aprehensiones provisionales de cuentas bancarias y vehículos, en resoluciones emitidas por la fiscal Sonia Quezada, de atención primaria.

La defensa del mexicano consideró que se les han violado derechos y garantías fundamentales como la presunción de inocencia.

De igual manera, amplía que el debido proceso ha sido vulnerado, producto de actos contrarios al derecho que han desencadenado en afectaciones al patrimonio económico y bienes privados, debidamente acreditados.

De acuerdo con Acosta, el mexicano se encontraba en Panamá desde 2017, cuando obtuvo una visa como inversionista, tramitada ante el Servicio Nacional de Migración.

México ha enviado vasta información sobre su nacional, entre estos, su pasaporte y que se pretende en Panamá vincularlo a un delito contra la fe pública, por un posible pasaporte falso, señaló el abogado.

Acosta indicó que esta situación es desmentida, ya que mediante asistencia internacional, se logra obtener que este no mantiene vínculo alguno para que se le investigue en Panamá, donde se han excedido en tratar de vincularlo en blanqueo de capitales.'

Se presentó una querella penal, por posible comisión de delito contra la administración de justicia y pública contemplados en los artículos 355 y 382 del Código Penal, al incurrir posiblemente en extralimitación de funciones y calumnia en actuaciones judiciales.

Dos acciones de amparo de derechos y garantías constitucionales fueron presentadas a favor de un ciudadano de México, por su abogado, Jamis Acosta, por la aprehensión de sus bienes.

La investigación inicia de una comunicación simple de Andorra, que solo pone en conocimiento a Panamá de un posible documento falso utilizado para dar poder para pleitos en su jurisdicción.

Sin embargo, la Notaría Duodécima advirtió que fue un acto revestido de legalidad y en su presencia, como consta dentro de la carpeta seguida de manera arbitraria.