Surgen diferencias en el oficialismo

La posibilidad de que se pueda decretar la disolución del Parlamento o que aspectos constitucionales sean sometidos en las consultas populares, ocasionó las primeras diferencias entre los órganos Ejecutivo y Legislativo en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

Para el diputado panameñista, José I.

Blandón, es necesario que se deje claro el aspecto planteado en la exposición de motivo del proyecto que adiciona un artículo al Código Electoral para habilitar las consultas populares, sobre posibles preguntas aplicadas en otros países como la disolución del Órgano Legislativo.

Blandón advirtió que si el Ejecutivo quiere proponer una reforma constitucional, ya existe un procedimiento en la Constitución, una de ellas, conlleva que el Ejecutivo presente su propuesta a la Asamblea donde es aprobada y luego es sometida a un referéndum.

“Si lo que se busca es un mecanismo de reforma adicional donde el Ejecutivo no pase por la Asamblea, con eso no estoy de acuerdo", recalcó Blandón.

A juicio del diputado, "no se puede dejar el monopolio de las preguntas al Ejecutivo.

Esa amplitud hay que modificarla para establecer los límites y evitar abusos en este u otro gobierno".

"No estoy de acuerdo que la Asamblea renuncie a su facultad de reformar la Constitución.

Estoy de acuerdo que haya consultas, pero que no implique reformas a la Carta Magna", señaló el político oficialista.

El punto sensitivo de la norma lo constituye la potestad de que los temas de consulta y la redacción de las preguntas, serán competencia del Órgano Ejecutivo, y los resultados serán o no vinculantes.

De acuerdo con el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, nada en el proyecto está planteado para que el Ejecutivo cometa un "exabrupto", cierre la Asamblea o cometa un desafuero.

"Lo que se quiere es que el pueblo opine y a eso no le tengan miedo" El Premier señaló que comparte la posición de Blandón que la Constitución está "colapsada”, preguntémosle al pueblo si quiere una nueva Constitución".

"El Ejecutivo tiene la potestad de preguntar lo que desee", sustentó Mulino.