El empresario chileno Mauricio Mazza es condenado a más de tres años de prisión en EE.UU.

El empresario chileno Mauricio Alfonso Mazza Alaluf, antiguo propietario de la empresa cambiaria Turismo Costa Brava S.

A.

, fue condenado hoy en Nueva York a tres años y medio de prisión por violar normas federales contra el lavado de dinero, informó la Fiscalía federal en Manhattan.

La sentencia que le impuso el juez Kevin Castel establece además que Mazza -quien ya fue hallado culpable en enero de este año porque su empresa no tenía las licencias correspondientes para operar- deberá devolver diez millones de dólares, precisó la Fiscalía en un comunicado de prensa.

Mazza Alaluf era uno de los propietarios de esa empresa chilena, que facilitaba transferencias de fondos y cambios de divisas a sus clientes.

Las leyes de Estados Unidos exigen a las compañías de ese tipo que operan en este país que, entre otras medidas, obtengan una licencia de los estados donde tengan actividad y se requiera ese permiso, como Nueva York, Illinois y Michigan, lugares donde actuaba la empresa de Mazza.

La Fiscalía explicó que los propietarios y empleados de Turismo Costa Brava introdujeron cantidades de dinero en efectivo, a menudo en euros y otras divisas europeas, en Estados Unidos mediante viajes que realizaban desde Suramérica a Los Ángeles (EE.

UU.

) y las declaraban abiertamente al pasar la aduana estadounidense.

Posteriormente entregaban las divisas a una empresa cambiaria en esa ciudad, desde donde era transferido su equivalente en dólares a cuentas que la empresa chilena tenía abiertas en bancos de Nueva York, Chicago y Dearborn (Michigan).

Esos fondos eran luego utilizados para facilitar numerosas transferencias por un valor total de centenares de millones de dólares a cuentas repartidas por todo el mundo, explicó la Fiscalía.

Mazza Alaluf fue detenido en marzo de 2007 a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles portando divisas por valor de más de 1,9 millones de dólares, que formaban parte de las actividades de la compañía.

El empresario se sometió a un juicio sin jurado en noviembre de 2008 y el juez Castel lo halló culpable de varios delitos relacionados con operar un negocio de transferencia de fondos sin licencia, al utilizar cuentas bancarias en estados que exigían tal requerimiento.