Unos indios brasileños amenazan con un "río de sangre" si el Gobierno construye una represa

Los pueblos indígenas de la ribera del Xingú amenazaron hoy al Gobierno brasileño con un "río de sangre" si no para el proyecto de construcción de una gran central hidroeléctrica en la Amazonía.

En una misiva remitida al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y a otras autoridades los indios responsabilizan al Gobierno de lo que "le pasará" a los ejecutores de la obra, a los trabajadores y a los pueblos indígenas en caso de que se continúe con el proyecto de la represa de Belo Monte "de forma arbitraria".

"El río Xingú puede convertirse en un río de sangre. Que Brasil y el mundo sepan qué puede ocurrir en el futuro si los gobernantes brasileños no respetan nuestros derechos", afirmaron los indios en la carta, difundida por el Consejo Indigenista Misionario (Cimi), organización ligada a la iglesia católica.

Los indios recalcaron que no van a volver a sentarse a dialogar con ningún representante del Gobierno, puesto que ya han hablado "demasiado tiempo" en los últimos 20 años.

Esta carta supone una escalada de amenazas, después de que los indios advirtieron a comienzos de noviembre que la vida de los obreros de la represa y de los indios estaría "en riesgo".

Belo Monte será licitada el próximo 21 de diciembre y, según el proyecto, se convertirá en la segunda mayor central hidroeléctrica del país después de la de Itaipú, que Brasil comparte con Paraguay.

Tendrá una capacidad instalada de 11.233 megavatios y se construirá en la localidad de Altamira, en el estado de Pará, en plena selva amazónica y cerca de la desembocadura del río Xingú, en el Amazonas.

El proyecto de Belo Monte arrancó inicialmente hace más de dos décadas, pero se paró por la presión de ecologistas e indios, que continúan disconformes a pesar de que el diseño actual es mucho más benigno con el entorno, según el Gobierno.

El plan de construcción contempla inundar un área selvática de unos 440 kilómetros cuadrados, lo que afectará directa e indirectamente a 66 municipios y once tierras indígenas y obligará a desplazar a decenas de miles de ribereños de sus viviendas.