Denuncian ante la Fiscalía 'perjuicio económico' millonario en juntas comunales de Panamá

La Contraloría General de Panamá informó este miércoles que entregó a la Fiscalía informes de auditoría que revelan "graves irregularidades" en el uso de millones de dólares destinados a los municipios durante el Gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

El proceso de auditoría que desarrolla la Contraloría General abarca a 72 juntas comunales de las cerca de 700 que tiene el país. Este miércoles se entregaron al Ministerio Público (MP, Fiscalía) ocho informes y en los próximos días se le proporcionarán al menos seis más, indicó un comunicado oficial.

Según las proyecciones de la Contraloría, "el perjuicio económico total derivado de estos primeros hallazgos podría superar los 20 millones de dólares, considerando tanto los informes ya entregados como los que están próximos a finalizar", de acuerdo con la información oficial.

"El impacto económico varía según cada caso. Hay hallazgos que oscilan entre 300.000 y 800.000 dólares, y otros que alcanzan varios millones. No obstante, los detalles específicos son ahora materia del Ministerio Público", afirmó el contralor panameño, Anel Flores.

Ya durante la Administración de Cortizo medios y activistas denunciaron la existencia de un presunto esquema de corrupción en las juntas comunales conocido como la "descentralización paralela", que involucraría el desvío de millones de dólares entregados sin control, en el marco del proceso de descentralización, para usarlos con fines políticos y en campañas electorales.

Hace un año, cuando tenía semanas en el cargo, el presidente José Raúl Mulino denunció el uso "sin control" y para "politiquería" de los fondos de la descentralización, y pidió a la Fiscalía actuar si más de 600 funcionarios municipales no entregaban la información que justifique el uso de los recursos asignados.

"De 2021 al 2024, 320 millones de dólares de los panameños se fumigaron en ese programa que se denominó 'descentralización paralela'", dijo Mulino en agosto pasado, destacando que entonces "nadie" había rendido "un solo informe de gestión" al respecto.

Mulino, quien asumió el cargo el pasado 1 de julio para el quinquenio 2024-2029, indicó que los 680 representantes de corregimiento o concejales que recibieron fondos de la "descentralización paralela" tiene un plazo de 60 días para presentar ante la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) un informe que explique y justifique el uso de los fondos.

El proceso de descentralización en Panamá arrancó en enero de 2016 con la entrada en vigor de la Ley 66 de 2015, que dio más autonomía a la gestión municipal y permite la distribución, entre los municipios y las comarcas indígenas, de la recaudación nacional del impuesto de bienes inmuebles y otros fondos estatales para financiar inversiones y programas de desarrollo social y económico.