El Gobierno de Chávez ha ejecutado 762 expropiaciones entre 2005 y 2009

El Gobierno venezolano ha ejecutado 762 expropiaciones desde 2005 al 2009 en zonas rurales y urbanas del país, con una tendencia ascendente especialmente en el último año cuando se registraron 374 casos, según un estudio privado divulgado hoy por la prensa local.

El Observatorio del Derecho de Propiedad, promovido por la Asociación Civil Liderazgo y Visión, indicó que las tomas forzosas de terrenos y empresas crecieron un "1.026 por ciento" en los últimos cuatro años, al pasar de 23 en 2005 a 374 en 2009.

Según el coordinador del estudio, Felipe Benites, la mayoría de esas acciones gubernamentales han "incumplido las leyes y la Constitución de 1999", porque a su juicio se han realizado "por vía de hecho", con la "presencia activa o pasiva de la Fuerza Armada, en una actuación estatal violenta, sin base jurídica e injustificada".

La tendencia al alza de las expropiaciones en los últimos años "denotan lo vulnerable que está la situación de la propiedad privada en Venezuela", añadió Benites, según publicó este miércoles el diario El Nacional de Caracas.

"No existe ningún elemento que haga pensar que la situación mejorará", por el contrario se espera que el Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, radicalizará este año su política de nacionalizaciones especialmente en el comercio y la industria, dijo Benites.

En lo que va de 2010, Chávez ha decretado la expropiación de la cadena de hipermercados Éxito, controlada por el grupo francés Casino; de unos galpones de Polar, la principal empresa productora y procesadora de alimentos del país, y de la empresa de alimentos Monaca, participada mayoritariamente por el grupo mexicano Gruma.

El mandatario ha dicho que con esas medidas busca combatir la "especulación" con los alimentos básicos, en su mayoría con precios controlados por el Gobierno, y bajar la inflación, que en los cuatro primeros meses del año se ha situado en un 11,3 por ciento.

Benites señaló que la plan de nacionalizaciones que desarrolla la "revolución" socialista de Chávez está guiado principalmente por el pulso político y electoral del país.

"Las violaciones a la propiedad" se han "acelerado" especialmente después de que el Gobierno ha obtenido triunfos electorales, y, por el contrario, se han reducido cuando ese resultado le ha sido adverso, afirmó Benites.

"Este año, el reimpulso (del plan nacionalizador) no se hizo esperar" tras el triunfo en las urnas de la propuesta de reelección indefinida presidencial presentada por Chávez y sometida a referendo en diciembre de 2009, aseveró.

Chávez promueve la idea de que además de la privada, existen otros tipos de propiedad como la "personal, social y comunal", las cuales deben estar a favor del bien común.

El mandatario reiteró la semana pasada que en la "revolución" que dirige "la propiedad privada puede existir siempre y cuando sirva para producir bienes y servicios que satisfagan necesidades" y no para "la concentración de capital en pocas manos" y la "explotación de los consumidores y de los trabajadores".

Chávez declaró en 2004 la guerra al latifundio y la tierra ociosa y desde entonces ha decretado la expropiación de terrenos en buena parte del país.

El mandatario profundizó a partir de enero de 2007, tras su reelección presidencial, su plan de nacionalización de áreas "estratégicas" como el petróleo, la electricidad, las telecomunicaciones, la banca y la alimentación.

Chávez ha rechazado las críticas de sectores empresariales y políticos de que las expropiaciones son ilegales e inconstitucionales.

"Cuando usted oiga que Chávez expropió un frigorífico es porque están violando las leyes y le aplicamos la Constitución y las leyes", dijo el jefe de Estado el pasado 16 de mayo.

Al día siguiente, una de las asociaciones patronales venezolanas, Fedecámaras, advirtió de que las expropiaciones decretadas por el Gobierno "ponen en riesgo el desarrollo económico" del país.

En un comunicado, Lope Mendoza, presidente encargado de Fedecámaras, subrayó que las empresas nacionalizadas "no muestran ningún resultado eficiente una vez que pasan a manos del Estado".