El Gobierno de Morales revierte las tierras de una familia dueña de un canal crítico

El Gobierno de Evo Morales anunció hoy la reversión al Estado de 13.184 hectáreas de tierras de una familia de empresarios bolivianos que entre sus inversiones posee uno de los canales de televisión más críticos con el Ejecutivo.

El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, dijo a Efe que se han revertido tres predios de la familia del empresario Oswaldo Monasterios, propietario del canal de televisión Unitel, y que están situados cerca de la frontera con Brasil, en una provincia del departamento de Santa Cruz (este).

En diciembre pasado, el INRA ya revirtió a los Monasterios otras 3.000 hectáreas también situadas cerca de territorio brasileño, con lo que la superficie total de tierras que perdió esa familia supera las 16.000 hectáreas.

Según Rojas, esa superficie es tan solo "una pequeña parte" de las propiedades de los Monasterios, aunque no precisó la cantidad total de hectáreas que posee esa familia.

La autoridad justificó la nueva reversión con el argumento de que esas tierras no estaban en producción y que la familia Monasterios supuestamente transfirió parte de los terrenos a terceros sin registrar este procedimiento en el INRA, como lo exigen las normas bolivianas.

La legislación exige que los empresarios agrícolas y ganaderos bolivianos tengan en producción permanente sus tierras cumpliendo una "Función Económica y Social" (FES), ya que de otra forma el Estado las puede revertir para repartirlas a campesinos e indígenas.

El presidente Evo Morales ha acusado varias veces a la cadena de televisión Unitel de estar vinculada a la oposición cruceña, en tanto que el medio mantiene una línea crítica contra el mandatario.

Los líderes cívicos y empresariales cruceños han denunciado varias veces que las reversiones de tierras son una "persecución política" del Gobierno en contra de los empresarios de esa región, lo cual ha sido negado por el Ejecutivo.

Rojas negó hoy que se trate de una persecución contra los opositores, ya que el proceso de verificación de los títulos propietarios sobre las tierras se realiza "en todo el país" y responde a un plan en cumplimiento de la norma agraria.

En los últimos 14 años, desde 1996, el INRA examinó la legalidad de la propiedad de 40 millones de hectáreas.

Rojas aclaró que la familia Monasterios podrá apelar la decisión ante el Tribunal Agrario cuando concluya en 2013 todo el proceso de verificación de la propiedad de otros 66 millones de hectáreas que están en manos privadas en todo el país.

"Una vez que concluya todo el proceso agrario estaremos haciendo planes de dotación de estas tierras a quienes no las tienen y de asentamientos en los casos que corresponda", dijo.