Vargas Llosa renuncia a presidir el Lugar de la Memoria por una controvertida ley

El escritor peruano Mario Vargas Llosa renunció hoy de manera "irrevocable" a presidir la comisión encargada de la construcción del Lugar de la Memoria en rechazo a la promulgación de un polémico decreto que calificó de "amnistía apenas disfrazada" para procesados por abusos a los derechos humanos.

Vargas Llosa envió una carta desde París al presidente peruano, Alan García, comunicándole su decisión de poner fin a su participación en la comisión encargada del lugar, dedicado a las víctimas de la violencia terrorista en Perú.

El escritor consideró en su carta, a la que hoy tuvo acceso Efe, que el decreto 1097 "sólo va a traer desprestigio" al Gobierno de García y consideró que "lo ocurrido es una verdadera desgracia que va a resucitar la división y el encono político" en su país.

Diversos sectores políticos y sociales han advertido el peligro que implica la norma, promulgada el pasado 1 de septiembre, al permitir la eventual prescripción y sobreseimiento de procesos contra militares y policías por violaciones a los derechos humanos.

El decreto 1097 señala que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si en un periodo de 36 meses, desde que se abre instrucción, no se dicta sentencia, y que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad "surte efectos y rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003", cuando el país se adhirió a ese convenio.

El grueso de juicios por abusos a los derechos humanos se concentran en sucesos ocurridos entre 1980 y 2000, cuando Perú enfrentó la violencia terrorista desatada por la banda armada Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).

Vargas Llosa señaló en su carta que aceptó la presidencia de la comisión para el Lugar de la Memoria, a invitación de García, porque estaba convencido de que el Gobierno "estaba decidido a continuar el perfeccionamiento de la democracia peruana tan dañada por los crímenes y robos de la dictadura de (Alberto) Fujimori y (Vladimiro) Montesinos".

Sin embargo, el escritor dijo que el decreto va a beneficiar "a buen número de personas vinculadas a la dictadura y condenadas o procesadas por crímenes contra los derechos humanos -asesinatos, torturas y desapariciones-, entre ellos al propio ex dictador y su brazo derecho".

Afirmó, en ese sentido, que coincide con las protestas manifestadas por representantes de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Conferencia Episcopal, la Defensoría del Pueblo y numerosas organizaciones sociales y políticas, entre ellos algunos congresistas oficialistas.

El escritor remarcó que existe "una incompatibilidad esencial" entre construir un monumento en homenaje a las víctimas del terrorismo y "abrir mediante una triquiñuela jurídica la puerta falsa de las cárceles a quienes, en el marco de esa funesta rebelión de fanáticos, cometieron también delitos horrendos y contribuyeron a sembrar de odio, sangre y sufrimiento a la sociedad peruana".

Vargas Llosa también confesó que en las últimas elecciones presidenciales, de 2006, votó por García y recordó que celebró la "saludable rectificación ideológica, en política económica sobre todo" del Gobernante, por lo que le pidió que rectifique la ley.

"Ojalá tenga usted el mismo valor para rectificar una vez más, abolir este innoble decreto y buscar aliados entre los peruanos dignos y democráticos que lo llevaron al poder", remarcó.

Le aconsejó, además, que no busque aliados entre "los herederos de un régimen autoritario que sumió al Perú en el oprobio de la corrupción y el crimen y siguen conspirando para resucitar semejante abyección".

Ante el aluvión de críticas a la ley, García y los ministros señalaron el fin de semana que no harán del tema una "cuestión de Estado" si la norma es derogada por el Congreso, que esta semana decidirá si forma una comisión para analizar el caso.

La polémica se acrecentó esta semana, después de que una veintena de miembros del grupo militar encubierto Colina, creado por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos durante el régimen de Fujimori (1990-2000), pidieran acogerse al decreto.