La Corte Suprema pide revisar cuatro absoluciones por matanza de Trujillo

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia ordenó hoy revisar los fallos absolutorios que en su momento beneficiaron a dos capos del narcotráfico, un oficial del Ejército y otro civil, por una matanza en la localidad de Trujillo, Valle del Cauca (suroeste), que dejó 342 víctimas en 1990.

Fuentes de la CSJ precisaron que la medida, adoptada de manera unánime por su Sala Penal, alcanza a Henry Loaiza Ceballos, alias "El Alacrán", miembro destacado del desarticulado Cártel de Cali, y a Diego Montoya, alias "Don Diego", uno de los jefes del Cártel del Norte del Valle.

También alcanza al entonces mayor del Ejército colombiano Alirio Urueña Jaramillo y a Diego Rodríguez Vásquez, favorecidos con fallos absolutorios proferidos en 1991.

Según la CSJ, en la masacre de Trujillo, en el departamento del Valle del Cauca, y cometida del 31 de marzo al 16 de abril de 1990, "se torturó, mutiló y desmembró con motosierra a las víctimas, entre ellas al sacerdote Tiberio Fernández Mafla, arrojando los cadáveres al río Cauca, algunos de los cuales nunca aparecieron".

Según un comunicado de prensa de la CSJ, la corporación "verificó que asistía razón al Informe Final de la Comisión Especial de Investigación de los Sucesos de Trujillo, cuyas conclusiones y recomendaciones fueron adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".

Los magistrados establecieron que no fueron debidamente valoradas varias pruebas, entre ellas un testimonio de Daniel Arcila Cardona, que como informante del Ejército colombiano dijo que transportó a varias de las víctimas hasta el lugar donde las asesinaron.

Un año después y luego de declarar ante las autoridades y la Procuraduría, Arcila fue desaparecido al regresar al municipio de Trujillo.

"Igualmente, la CSJ precisó que por tratarse de delitos de lesa humanidad no hay lugar a la prescripción de la acción penal", explica el comunicado del alto tribunal.

En septiembre de 2008, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) de Colombia le pidió al Estado que indemnice sin demora a las víctimas del conflicto, entre ellas a las del "Caso Trujillo".

En el informe de esta masacre, la CNRR indicó que militares, policías, narcotraficantes y guerrilleros fueron responsables de la matanza de Trujillo, donde fueron asesinadas entre 1986 y 1994 un total de 342 personas.

Por ello, el Estado fue condenado en 1995 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que obligó al entonces presidente Ernesto Samper a pedir disculpas públicas.

Múltiples testimonios comprometen a "El Alacrán", a "Don Diego", y al fallecido Iván Urdinola Grajales, del mismo grupo.