La procuraduría pide juicio contra un exgobernador elegido por "paras" en Colombia

La procuraduría colombiana pidió hoy a la Fiscalía General que llame a juicio al coronel en retiro Hugo Eliodoro Aguilar, elegido como gobernador en 2003, con el apoyo de paramilitares, informaron fuentes del Ministerio Público en Bogotá.

Aguilar debe ser acusado "por el delito de concierto para delinquir agravado", consideró la entidad de control estatal tras resaltar que él mantuvo reuniones, llegó a acuerdos e hizo campaña política con el respaldo de grupos armados de la extrema derecha.

Es una "situación que configura de forma inequívoca un acuerdo de naturaleza delictiva entre un grupo armado ilegal y el hoy investigado", puntualizó la Procuraduría General, que hace pocos meses sancionó al oficial en retiro por los mismos hechos.

Aguilar ejerció como gobernador del departamento de Santander de 2004 a 2007, cargo para el que fue elegido por el movimiento Convergencia Ciudadana, cuyo fundador, el ahora exsenador Luis Alberto Gil, recibió condena por cargos similares.

La Procuraduría resaltó que el ahora exgobernador reconoció de manera voluntaria que tuvo como secretario de Educación a una persona que le fue "postulada" por "Ernesto Báez", alias de Iván Roberto Duque, antiguo jefe de la disuelta organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Según la misma fuente, el apoyo de los paramilitares "fue determinante para lograr el triunfo" de Aguilar, conocido en el país por haber encabezado la fuerza policial de elite que dio muerte al capo del Cártel de la cocaína de Medellín, Pablo Escobar, en diciembre de 1993.

En una decisión divulgada el pasado enero, la Procuraduría colombiana destituyó de manera retroactiva a Aguilar por faltas disciplinarias relacionadas con sus relaciones con los paramilitares.

Los nexos de la clase política y otros funcionarios del Estado en Colombia dieron origen al llamado escándalo de la "parapolítica", cuya investigación fue asumida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Fiscalía General y la Procuraduría General.

La mayoría de implicados eran congresistas de la convergencia que promovió la reelección en 2006 del ahora expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).