Exhuman restos de nueve campesinos asesinados por Los Zetas en Guatemala
- Katherine Palacios P.
Los restos de nueve campesinos que se encuentran entre las 27 víctimas de la matanza perpetrada por el grupo mexicano de sicarios y narcotraficantes Los Zetas en mayo pasado en el norte de Guatemala fueron exhumados para entregar los cuerpos a familiares, informó una fuente judicial.
La jueza del Juzgado Primero de Mayor Riesgo, Carol Patricia Flores, dijo a periodistas que la exhumación de los cadáveres fue solicitada por el Ministerio Público (Fiscalía).
Flores, según radios locales, viajó hoy hasta el municipio de La Libertad, en el departamento norteño de Petén, para practicar la diligencia judicial de exhumación, que había autorizado desde el pasado 2 de diciembre.
La matanza de los 27 labriegos fue perpetrada por el grupo Los Zetas el 15 de mayo pasado en la finca Los Cocos, de La Libertad.
Según Flores, la exhumación fue autorizada porque los restos de los nueve campesinos guatemaltecos, todos hombres, fueron plenamente identificados a través de huellas dactilares, ADN y peritajes médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Las víctimas fueron identificadas como Felipe de la Cruz, Reyes Valdéz Gómez, Santiago Canán Aquino Pérez, Juan Huales, Magdaleno García y Ezequiel Barillas.
También los hermanos José, Elfido y Dimas Vásquez, de acuerdo con la jueza.
Hasta ahora han sido identificados 12 de las 27 víctimas de la matanza.
El pasado 7 de octubre fueron exhumados las osamentas de los hermanos Jorge, José y Francisco Mendoza y entregados a sus familiares para su inhumación.
Flores dijo que toda la información recopilada durante las exhumaciones quedan como prueba anticipada del proceso abierto para esclarecer la matanza.
La mayoría de jornaleros asesinados eran originarios del municipio de Morales, del departamento caribeño de Izabal, que trabajaban en la finca dedicada a la crianza de ganado donde se perpetró el múltiple asesinato.
A raíz de ese hecho, el departamento de Petén se encuentra bajo un estado de alarma con el que las autoridades, que prohibieron el uso de armas en esa región, buscan dar seguridad a la población.
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