Correa advierte de que el caso Sarayaku es pantalla de ONGs opuestas al petróleo

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, advirtió hoy de que el caso Sarayaku, una comunidad indígena de la Amazonía opuesta a la explotación petrolera en su territorio, es una pantalla de algunas ONG ambientalistas que se oponen a toda forma de extracción de crudo.

En su habitual informe sabatino, Correa apoyó la demanda de la comunidad de Sarayaku, pero dijo que incluso la democracia estaría en riesgo si las ONG consiguen que se imponga un "consentimiento previo" a toda acción "extractivista".

El pronunciamiento se da en un momento en que una comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) visita el territorio Sarayaku, por pedido del Gobierno, para verificar que se cumplan unas medidas cautelares establecidas en favor de esa comunidad amazónica.

El caso Sarayacu es una "pantalla" para ciertas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que "están en contra de Ecuador" y que buscan que no se convoque a una próxima ronda petrolera en la zona sur de la Amazonía ecuatoriana, señaló el mandatario.

Correa mencionó que varias de esas organizaciones han difundido informaciones en el extranjero, en el sentido de que la convocatoria a la XI ronda petrolera, que alista su Gobierno, pondría en peligro 3,8 millones de hectáreas de bosque primario y a varias nacionalidades indígenas autóctonas de esa región.

"Esto no es legítimo, no es honesto, es tramposo", dijo Correa al defender su política para mejorar la producción de crudo del país, que es el principal producto de exportación y el mayor sustento de la economía ecuatoriana, pues financia casi el 25 por ciento del presupuesto estatal.

Aseguró que su Gobierno se ha empeñado en que las actividades extractivistas que se realicen en el país minimicen los efectos ambientales y que la renta generada contribuya, en primer lugar, al progreso de las comunidades aledañas.

Mencionó que el problema radica en un reclamó que han hecho dirigentes de la comunidad, con asesoría de las ONG, para que en cualquier proyecto de explotación petrolera o minera, sean los habitantes de las zonas intervenidas las que otorguen un "consentimiento previo" a dichas actividades.

Para Correa, con eso, incluso, se pondría en riesgo la propia democracia y destacó que la normativa internacional e interna del país establece una "consulta previa" que "no es vinculante" u obligatoria.

Esa consulta, explicó, permitirá socializar los proyectos y buscar consensos con las comunidades sobre los beneficios o perjuicios de los proyectos de extracción, aunque la última palabra siempre la tendrá el Gobierno.

Si se diera paso a la posición de las ONG, añadió Correa, bastaría que una sola persona se oponga a los proyectos para que éstos no se ejecuten.

Con ello, apuntó Correa, se disolvería la democracia de las mayorías por otra "de la unanimidad".

En el caso Sarayaku, "no se ha buscado solucionar el conflicto, se ha buscado peremnizarlo" por parte de ciertas ONG, indicó Correa y dijo que le indigna "que vengan estos 'gringuitos' (extranjeros) con la panza (estómago) bien llena a tratar de hacer aquí lo que nunca han logrado en sus respectivos países".

Recordó que hace diez años el pueblo Sarayaku presentó ante la CorteIDH una demanda contra el Estado ecuatoriano por la entrada a sus territorio de la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) y la colocación de explosivos (pentolita) en sus tierras para labores de exploración.

Esa operación se efectuó, según Correa, de forma arbitraria y "sin consultar a la comunidad de Sarayaku", por lo que aceptó la responsabilidad del Estado en este caso, aunque aclaró que no se produjo en su Gobierno.

Correa dio "toda la razón al pueblo Sarayaku", pero insistió en que ello no puede suponer que se elimine toda actividad petrolera o minera, porque de ellas depende en buena parte el desarrollo del país.