Algunos utilizan la crisis del coronavirus para asumir nuevos poderes

LONDRES — A medida que la pandemia del coronavirus paraliza al mundo, los líderes se están apoderando de una autoridad prácticamente dictatorial con escasa resistencia. Los países necesitan nuevos poderes para cerrar sus fronteras, imponer cuarentenas y rastrear a personas infectadas. Muchas de estas acciones están protegidas por reglas internacionales, dicen abogados constitucionalistas.

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Sin embargo, los críticos dicen que algunos utilizan la crisis como pantalla para asumir nuevos poderes que tienen poco qué ver con el brote y que tienen pocas salvaguardas para garantizar que no se abuse de ellos.

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Las leyes se están afianzando en naciones autoritarias como Jordania, democracias tambaleantes como Hungría y democracias tradicionales como Gran Bretaña. Y hay pocas disposiciones para garantizar que serán rescindidas una vez que pase la amenaza.

“Podríamos tener una epidemia paralela de medidas autoritarias y represivas que sigan de cerca si no es que inmediatamente a una epidemia de salud”, dijo Fionnuala Ni Aolain, relatora especial de la ONU sobre derechos humanos.

Al tiempo que las nuevas leyes infringen las libertades de reunión y expresión, también podrían moldear la vida cívica, la política y las economías en décadas venideras. Los sistemas de vigilancia invasivos de Corea del Sur y Singapur, que habrían sido criticados en circunstancias normales, han sido elogiados por desacelerar las infecciones.

Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, autorizó a la agencia de seguridad interna de su país a rastrear a los ciudadanos utilizando un acervo secreto de datos de teléfonos celulares desarrollado para el antiterrorismo. Al rastrear los movimientos de las personas, el Gobierno puede castigar a los que desafían las órdenes de aislamiento. Y al ordenar el cierre de los tribunales de la nación, Netanyahu aplazó su aparición programada para enfrentar cargos de corrupción.

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En algunos países, nuevas leyes han revivido temores de ley marcial. El congreso filipino aprobó una legislación a fines de marzo que otorgó al presidente Rodrigo Duterte poderes de emergencia y 5.4 mil millones de dólares para enfrentar la pandemia.

“Este otorgamiento ilimitado de poderes de emergencia equivale a autocracia”, afirmó en un comunicado Concerned Lawyers for Civil Liberties, un grupo filipino de derechos civiles.

Los países están utilizando la pandemia para reprimir la disidencia. La declaración de Chile de un “estado de catástrofe” y la presencia militar en las calles ha ayudado a silenciar la disidencia que cimbró al país durante meses.

La pandemia también ha interrumpido elecciones. El mes pasado, Bolivia suspendió una elección presidencial programada para principios de mayo.

Los grupos de derechos humanos señalan que los gobiernos pueden adquirir más poder mientras sus ciudadanos están distraídos. Les preocupa que las personas no puedan reconocer los derechos que han cedido hasta que sea demasiado tarde. Algunos proyectos de ley fueron aprobados tan rápido que los legisladores no tuvieron tiempo de leerlos, mucho menos debatirlos.

Ciertos gobiernos tienen un conjunto de poderes deseados “ya listos” en caso de emergencia o crisis, dijo Aolain. Redactan leyes por adelantado y esperan “a que se presente la oportunidad de la crisis”, dijo.

En Hungría, una nueva ley otorgó al primer ministro Viktor Orban el poder de esquivar al parlamento y suspender leyes existentes. Orban, que declaró estado de emergencia en marzo, ahora tiene el poder exclusivo para poner fin a la emergencia.

Cualquiera que difunda información que pudiera obstaculizar la respuesta del Gobierno a la epidemia podría enfrentar la cárcel. La legislación otorga amplia libertad al Fiscal Público para determinar qué cuenta como información distorsionada o falsa.

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Daniel Karsai, abogado en Budapest, dijo que la legislación había causado temor de que “el Gobierno de Orban sea una verdadera dictadura”.

Un proyecto de ley aprobado a toda prisa en el Parlamento británico otorga a los Ministerios del Gobierno el poder de detener y aislar a personas indefinidamente, prohibir reuniones públicas y cerrar puertos y aeropuertos, todo con poca supervisión. Matt Hancock, el Secretario de Salud, dijo que las medidas serían “estrictamente temporales y en proporción a la amenaza”.

Pero Silkie Carlo, directora de Big Brother Watch, un grupo de derechos civiles, teme que Gran Bretaña “oscile de una crisis a otra.

“Nos arriesgamos fácilmente a hallarnos en un estado perpetuo de emergencia”, indicó Carlo.

Benjamin Novak, Hannah Beech, Jason Gutierrez, Julie Turkewitz, Anatoly Kurmanaev y Rana Sweis contribuyeron con reportes.