Cárceles chinas con sistema de vigilancia para controlar a musulmanes

El Gobierno chino ha construido una red de campamentos de reeducación y un sistema de vigilancia para monitorear y someter a millones de personas de minorías musulmanas en la región de Xinjiang.

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Ahora China recurre a un método más viejo y severo de control: llenar las prisiones en Xinjiang.

La región en el noroeste de China ha experimentado un aumento récord en arrestos, juicios y sentencias carcelarias en los últimos dos años, revela un análisis de The New York Times de datos oficiales previamente no reportados.

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Al tiempo que el Gobierno chino implementa una campaña de seguridad dirigida de forma abrumadora a las minorías en Xinjiang, el uso de las cárceles pone en tela de duda incluso las protecciones limitadas de China de los derechos de los acusados.

Los tribunales en Xinjiang —donde minorías en gran parte musulmanas, incluyendo a uigures y kazajos, conforman más de la mitad de la población— sentenciaron a un total de 230 mil personas a prisión u otros castigos en el 2017 y el 2018, significativamente más que en cualquier otro periodo del que se tiene registro en décadas para la región.

Tan sólo durante el 2017, los tribunales de Xinjiang sentenciaron a casi 87 mil acusados, 10 veces más que el año anterior, a penas carcelarias de cinco años o más. Los arrestos se multiplicaron por ocho y los enjuiciamientos por cinco.

Expertos, defensores de los derechos humanos y activistas uigures exiliados dicen que los funcionarios chinos han hecho a un lado las protecciones rudimentarias en su esfuerzo. La policía, los fiscales y los jueces en la región trabajan de la mano para asegurar condenas, en aras de la campaña del Partido Comunista de erradicar la zozobra y convertir a las minorías en gran parte musulmanas en fieles al partido.

Los arrestos, señalaron los detractores, a menudo se basan en cargos endebles o exagerados, y los juicios son sólo un formalismo, con fallos de culpabilidad abrumadoramente probables. Una vez sentenciados, los presos enfrentan abusos potenciales y trabajos forzados en centros hacinados.

Xinjiang no revela cuántas personas están en prisión, y el Gobierno regional no respondió a preguntas enviadas por fax sobre el encarcelamiento.

Sin embargo, la oleada de arrestos, enjuiciamientos y sentencias apunta a un enorme aumento en el encarcelamiento. También parece sin rival en el pasado reciente de China, con base en reportes oficiales que se remontan a décadas atrás. En toda Xinjiang se yerguen cárceles masivas, muchas recién construidas.

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“Es como si toda la población es tratada como culpable hasta que se demuestre su inocencia”, dijo Sean R. Roberts, antropólogo en la Universidad George Washington, en Washington, que estudia a los uigures. “Estos campos de internamiento y prisiones no van a desaparecer y son una advertencia a la población de que es mejor que sea más leal al partido”.

Una estudiante uigur, Buzainafu Abudourexiti, de 27 años, fue sentenciada a siete años en prisión en Xinjiang en el 2017.

Su esposo, Almas Nizamidin, un uigur que migró a Australia hace una década, había tratado de conseguirle una visa para que se reuniera con él. Dijo que su esposa fue declarada culpable de juntar a una multitud para alterar el orden público, calificándolo como un delito inventado.

“Estoy muy preocupado por ella, porque no ha habido información”, expresó Nizamidin.

La seguridad en Xinjiang ha sido estricta durante años. En el 2009, cientos de personas murieron durante disturbios étnicos en la capital regional, Urumqi, instando al Gobierno a empezar a instituir políticas más severas.

Muchos uigures y kazajos que han abandonado China dijeron que se les había informado de familiares encarcelados, a veces tras ser detenidos en campamentos. Entre 24 kazajos étnicos entrevistados en enero, seis dijeron que miembros de su familia habían estado encarcelados desde el 2017. Una fracción considerable de los uigures enviados a prisión era formada por empresarios, profesionistas y académicos, indicó Habibulla Altay, comerciante de té uigur que se fue de China en el 2016 y se ha establecido en Suiza.

“El Gobierno piensa que son más peligrosos, porque tienen dinero y conocimientos y a menudo han ido al extranjero”, externó Altay. Agregó que amigos en Xinjiang le habían informado que uno de sus cuñados había sido encarcelado.

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“Las familias muchas veces no saben dónde han desaparecido sus seres queridos”, dijo. “Luego oímos que esta persona fue sentenciada, o que aquélla está en la cárcel. Casi todas las familias tienen esta experiencia”.

Paul Mozur, Austin Ramzy, Christiaan Triebert y Christoph Koettl contribuyeron con reportes.