Filipinos son asesinados por reclamar tierras

CIUDAD DE SAGAY, Filipinas — El día que el hombre armado asesinó a su esposo, Elza Balayo planeaba darles un gusto a sus cinco hijos, pescado para acompañar el arroz que era su comida habitual. La pareja caminaba a casa desde el mercado con su pequeño hijo cuando un disparo perforó el silencio.

Balayo le diría a la Policía que reconoció al atacante. Era administrador de la plantación de caña de azúcar en el extremo norte de la isla de Negros, donde la familia de su esposo había vivido y trabajado durante más de 70 años.

No tenía dudas de por qué jaló el gatillo: para castigar a su esposo por tener la audacia de buscar poseer un pedazo de suelo. “Arriesgó su vida para ser dueño de la tierra”, dijo.

Durante décadas, líderes han prometido atacar una flagrante desigualdad que enmarca la vida en este lugar —el dominio de un puñado de familias terratenientes y la falta de tierra de decenas de millones que labran el suelo en condiciones casi feudales. Rodrigo Duterte, el presidente actual, asumió el cargo hace más de tres años con la promesa de liberar a los filipinos rurales de la pobreza al distribuir tierras a los agricultores.

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Aunque Duterte se ha creado una imagen de hombre del pueblo con sangrientas medidas severas contra la criminalidad, ha eludido una lucha populista crucial. No ha desafiado el control de los terratenientes. En lugar de eso, ha fortificado el control que tienen y reforzado las condiciones que le dieron a él una oportunidad de asumir el poder. Más del 38 por ciento de los niños filipinos que viven en zonas rurales sufren de atrasos en su desarrollo pese a vivir en una de las tierras más fértiles del planeta. Más de una de cada cinco personas en este país de 108 millones de habitantes es oficialmente pobre, aun cuando la economía se ha expandido velozmente en años recientes.

Los terratenientes dominan los gobiernos locales, mientras despliegan ejércitos privados para mantener el control. Duterte prometió atacar este sistema.

Duterte se ha enfocado en los delincuentes como la amenaza fundamental a la vida diaria, al exhortar a justicieros a que “los masacren a todos”. Pero durante su Mandato, el crecimiento de empleos se ha desacelerado mientras que los precios de las materias primas se han disparado. Las regiones más ricas del país se han apartado aún más de las más pobres.

Balayo ha perdido las esperanzas de ver que se haga justicia más de un año después del homicidio de su esposo. Su reporte a la Policía no ha arrojado ninguna investigación significativa, dijo. Muestra repulsión cuando se menciona el nombre de Duterte. “Sólo habla y habla”, dijo. “Ha pasado tanto tiempo y aún no tenemos nuestras propias tierras”.

Al principio, el presidente asignó el trabajo de supervisar la redistribución de tierras a Rafael V. Mariano, ex miembro del Congreso y activista de los derechos de los agricultores. Pero pronto fue despedido, y dijo sobre Duterte: “en realidad no es serio ni sincero en abordar el problema fundamental del campesino filipino, que es la falta de tierras”.

Duterte tiene un índice de aprobación de casi el 80 por ciento. No obstante, entre los agricultores pobres es visto cada vez más como una amenaza al tiempo que intensifica una batalla de décadas contra una insurgencia comunista, el Nuevo Ejército del Pueblo, que recluta entre campesinos.

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Cuando Duterte asumió la presidencia, prometió forjar la paz con el Nuevo Ejército del Pueblo. Confirmó uno de sus objetivos clave: poner tierras en manos de los agricultores pobres. Instaló a Mariano como Secretario de la Reforma Agraria.

Durante siglos, intereses se habían disputado los productivos suelos del archipiélago. Materias básicas como azúcar y coco eran cruciales para los propósitos coloniales de los españoles y los estadounidenses. Filipinas declaró su independencia en 1946.

Ferdinand Marcos, el dictador respaldado por EE. UU., buscó una reforma agraria como parte de una estrategia para atacar la insurgencia comunista. Pero Washington lo exhortó a respetar los derechos de la propiedad. Marcos fue llevado al exilio por las manifestaciones de la Revolución del Poder del Pueblo en 1986.

Su sucesora, Corazón Aquino, supervisó la redacción de una nueva Constitución que hacía un llamado a una reforma agraria. El 90 por ciento de las tierras era controlado en ese entonces por un 10 por ciento de la población. En el marco de una ley de 1988, un área del tamaño de Portugal sería distribuida a agricultores durante la década siguiente.

Pero los terratenientes manipularon el proceso, al vender oficialmente sus propiedades al tiempo que conservaban el control. En Hacienda Balatong, una de las plantaciones más grandes en Negros, Eduardo “Danding” Cojuangco Jr., un secuaz de Marcos, eludió una transferencia impuesta por el Gobierno.

Unas 2 mil familias vivían ahí. Los agricultores ganaban apenas 100 pesos filipinos diarios (menos de 2 dólares). A fines de los 90, los Cojuangco persuadieron a los agricultores para que aceptaran una distribución de tierras para prevenir las medidas del Gobierno. Los agricultores recibían el título de propiedad, mientras que les arrendaban a los Cojuangco la tierra a cambio de pagos de 10 mil pesos al año. Para la mayoría, esto era demasiado dinero como para pasarlo por alto.

María Luisa Malvez, de 51 años, contó que la familia de su esposo había vivido en la plantación durante al menos cuatro generaciones. Dos veces al año, su suegro Paulino Malvez iba al centro de pagos. No podía entender el acuerdo que tenía que firmar. Cuando Ben Ramos, un abogado de derechos humanos, leyó los términos en 1999, exhortó a la familia a dejar de aceptar el dinero: el acuerdo socavaba reclamos futuros sobre la tierra.

El nombramiento de Mariano pareció marcar una nueva era. Para que lo asesorara, reclutó a Ramos, quien promovió una petición que buscaba anular el acuerdo de arrendamiento en Hacienda Balatong y dividir la propiedad en parcelas para los agricultores. La petición argumentaba que los Cojuangco habían obtenido la tierra ilegalmente a través de su asociación con Marcos.

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Mariano dijo que su Departamento estaba en proceso de aprobar la petición. Pero en septiembre del 2017, menos de 15 meses después de ser nombrado por Duterte, Mariano quedó fuera. En el transcurso de una audiencia de dos días en Manila, fue sometido a un ataque sostenido de los terratenientes que habían sido su blanco, sobre todo los aliados de Duterte. Mariano dijo que funcionarios locales y el Secretario de Defensa Nacional afirmaron que había ayudado al Nuevo Ejército del Pueblo en ataques en la zona.

Al año siguiente, Ramos estaba parado a un lado de la carretera cuando dos hombres en motocicletas abrieron fuego y lo mataron. Fue el abogado número 34 asesinado desde que Duterte se convirtió en presidente. En un discurso en el 2017, el presidente dijo a la Policía que perseverara ante los abogados de derechos humanos que investigaban los asesinatos de presuntos criminales. “Si obstruyen la justicia, dispárenles”, dijo Duterte.

Agricultores en Hacienda Balatong dijeron que su petición básicamente ha desaparecido.

Los dueños de plantaciones suelen desestimar la distribución de tierras como un fracaso. Los agricultores carecen de dinero para cuidar sus parcelas, así que a menudo vuelven a venderles la tierras a los dueños anteriores. “Están suficientemente felices de trabajar para nosotros”, dijo Gerro Locsin, dueño de una plantación azucarera en Negros. “No hay problema”.

Eduardo Balayo sí tenía un problema. Su familia era pobre. La única solución que podía imaginar era ser dueño de una parte de Hacienda Ubamos. “Lo veía como forma de salir de la pobreza”, dijo su viuda. “El sueño era que los niños pudieran recibir una educación y no seguir nuestro destino”.

Ganaba alrededor de 800 pesos a la semana (menos de 16 dólares). La familia construyó su casa con bambú, hojas de palmera y costales de arroz de plástico. Mantener a los hijos en la escuela era una lucha constante. “Algunas veces tienen que caminar descalzos porque no podemos comprar zapatos”, dijo su viuda.

Balayo organizó una asociación de agricultores locales para buscar la distribución de tierras, presentando el papeleo en el 2013. Él y su hermano mayor, Welter, y otros siete hogares habían sido aprobados como beneficiaros calificados de la propiedad de 12.3 hectáreas. Cada uno recibiría 1.3 hectáreas, suficiente para producir más de 60 toneladas de caña de azúcar al año, dijo Elza. Después de gastos, podrían ganar 120 mil pesos (unos 2 mil 350 dólares).

Pero la hacienda era controlada por Narciso L. Javelosa, el vicealcalde de la ciudad de Sagay, a través de un arrendamiento con la familia terrateniente. Hombres con pasamontañas caminaban por las veredas con pistolas en la pretina.

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“Estaba muy preocupada”, recordó Elza. “Pero mi esposo dijo, ‘no me detendré hasta que consigamos esta tierra’”. El 15 de septiembre del 2018, cuando regresaban del mercado, el administrador agrícola, Raymundo Jiménez, abrió fuego. Cuando la Policía llegó, ella identificó al pistolero como Jiménez. Asume que no intentan encontrarlo: “trabaja para el vicealcalde”.

Welter, el hermano mayor de Balayo, asumió la causa de buscar la tierra. El 20 de abril del 2019, mientras trabajaba en un arrozal justo a las afueras de la hacienda, también fue muerto a tiros.

En agosto, la oficina regional del Departamento de la Reforma Agraria falló que los siete agricultores restantes ya no estaban calificados para hacerse cargo de la tierra, con lo que ratificó una moción de los terratenientes que acusaban a los agricultores de “entrada forzada”.

Jason Gutierrez contribuyó con reportes a este artículo.