Las detenciones secretas en Venezuela no son un misterio
- Julie Turkewitz y Anatoly Kurmanaev
Conocidas bajo el derecho internacional como “desapariciones forzadas” son críticas en los esfuerzos cada vez más autoritarios del Gobierno venezolano por controlar a su población, desalentar a la disidencia y castigar a sus oponentes, de acuerdo con un nuevo informe de dos grupos de derechos humanos.
El uso de secuestros por el Gobierno de Venezuela recuerda las tácticas de las dictaduras de derecha que los líderes de izquierda han denunciado desde hace mucho. Foto / Adriana Loureiro Fernandez para The New York Times.
Los agentes venezolanos entraron al hogar con armas, pero sin orden judicial y se llevaron a Ariana Granadillo. Durante la semana que siguió la confinaron, golpearon, interrogaron y casi la asfixiaron, para después dejarla ir intempestivamente. Sus captores dijeron a Granadillo, entonces de 21 años, que eran agentes de contrainteligencia.
Las detenciones secretas, conocidas bajo el derecho internacional como “desapariciones forzadas” son críticas en los esfuerzos cada vez más autoritarios del Gobierno venezolano por controlar a su población, desalentar a la disidencia y castigar a sus oponentes, de acuerdo con un nuevo informe de dos grupos de derechos humanos.
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Documenta 200 casos así en el 2018 y 524 el año pasado, un alza que atribuye al aumento en manifestaciones entre crisis políticas y económicas y la respuesta represora del Gobierno. Fue producido por Foro Penal, un grupo venezolano que lleva un seguimiento de casos así, y Robert F. Kennedy Human Rights, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, D.C.
El informe se agrega a un gran acervo de evidencia de violaciones a los derechos humanos cometidas por el presidente Nicolás Maduro y sus aliados, incluyendo reportes generalizados de tortura y una evaluación de las Naciones Unidas de que las fuerzas de seguridad venezolanas han cometido miles de ejecuciones extrajudiciales.
El Gobierno no respondió a una carta solicitando comentarios al respecto.
Las desapariciones forzadas son consideradas por el Derecho Internacional como un crimen contra la humanidad si son sistemáticas. La táctica recuerda a las dictaduras de derecha a las que Maduro y su antecesor, Hugo Chávez, siempre se opusieron. Argentina y Chile fueron tristemente célebres por detener —y a menudo asesinar— secretamente a personas en los años 70 y 80.
El nuevo análisis arrojó que en Venezuela la desaparición promedio duraba poco más de cinco días, lo que sugiere que el Gobierno buscaba sembrar miedo y al mismo tiempo evitar el escrutinio que podrían generar las detenciones a largo plazo y gran escala.
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Las fuerzas de seguridad han encarcelado a Gilber Caro, un legislador de la Oposición, tres veces desde inicios de 2017, a pesar de su inmunidad parlamentaria. En total, Caro ha pasado casi dos años en prisión. Fue detenido en diciembre. Un mes después, fue acusado de terrorismo en un tribunal a puerta cerrada y sin defensa legal. Sigue en prisión a la espera de juicio.
El Gobierno podría estar utilizando a mujeres como fichas de negociación. Granadillo dijo que no estaba involucrada en la política y que su falta aparente era que un familiar era un Coronel que el Gobierno veía como un oponente.
Granadillo, estudiante de Medicina, fue secuestrada en febrero del 2018, cuando vivía en la casa del coronel en las afueras de Caracas, cerca de un hospital donde iniciaba sus prácticas.
Los agentes exigieron que ella y una prima los acompañaran para interrogarlas, y “nos hicieron saber que de ahí en adelante eran dueños de nuestras vidas”, dijo.
La amenazaron y le preguntaron sobre el coronel. Ella y su prima pasaron la noche ahí. “Podíamos escuchar los gritos de otras personas que evidentemente estaban siendo torturadas”.
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Al siguiente día la dejaron irse.
Pero tres meses después, los agentes volvieron. Se llevaron a Granadillo y sus padres. Los agentes “recalcaron que nadie sabía que estábamos secuestrados”, dijo.
Una agente se le acercó. “Me vio a los ojos y sin una palabra sacó una bolsa del puño y la colocó sobre mi cara, cubriéndola completamente”, dijo. “En segundos sentía que me asfixiaba”.
Una semana más tarde, los oficiales dejaron a Granadillo y sus padres en Caracas, dijo. Ahora viven en Colombia. Hoy tiene 23 años y extraña “la inocencia que tenía antes de todo esto”, dijo. “Porque descubrí una maldad en el ser humano que no sabía que existía”.
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