Abogados en busca de la estabilidad laboral

Una lucha verdaderamente justa.

Se trata de una iniciativa que a todas luces es una de las propuestas más acertadas en busca de una estabilidad para los profesionales del derecho al servicio público en Panamá.

El proyecto de ley 481, aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional, no solo marca un precedente positivo, además, busca hacer valer el esfuerzo de profesionales que, por años, han brindado sus servicios al Estado, sin recibir la remuneración que se merecen. 

Una escala salarial, dividida en cuatro categorías, de acuerdo con los años de servicio entre 5, 10, 15 y 20 años, es lo que se plantea en esta iniciativa que aún espera sanción presidencial.

En concreto, los abogados estarían ganando entre $1,500 y $7,000 mensuales, dependiendo de los años de servicio. 

Esta norma no abarca a quienes ocupan cargos por razones políticas o que sean funcionarios de confianza.

Ahora bien, la iniciativa propone la creación de una comisión interinstitucional, conformada por la Procuraduría de la Administración, el Ministerio de la Presidencia, de Economía y Finanzas y el Colegio Nacional de Abogados, los cuales tendrán la tarea evaluar cada cinco años el rendimiento de los abogados del sector estatal.

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La pregunta que surge entonces es si esta comisión no entra en conflicto con la Dirección General de Carrera Administrativa, entidad que se encarga de fiscalizar y evaluar el desempeño de los funcionarios.

Y es que los abogados al servicio del Estado seguirán siendo empleados públicos, aunque se apruebe esta ley, que busca garantizar la estabilidad y la remuneración salarial adecuada para estos profesionales, por lo que habrá que determinar si esta comisión será la que evalúe el desempeño de cada uno.

Sin embargo, lo que es un hecho es que si se revisan los salarios de los abogados que laboran para el Estado, se encontrarán profesionales, con idoneidad, devengando sumas muy por debajo de lo que actualmente se propone y que fue aprobado por la Asamblea. 

Ha pasado más de un mes desde que la propuesta recibió el tercer debate, pero se sigue esperando la sanción del presidente de la República, Juan Carlos Varela. 

Habrá que esperar, entonces, una decisión por parte del Ejecutivo para que luego de seis meses, a partir de la promulgación de la ley, entre en vigencia la norma.

Para el Colegio Nacional de Abogados esta iniciativa es una lucha justa que tiene el objetivo de hacer valer los derechos de los profesionales del derecho en Panamá, quienes merecen un salario equitativo.

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Ese derecho a recibir ascensos acompañados con mejoras salariales parece un tema justo si vemos cómo ocurre lo mismo con otros profesionales y con la empresa privada de igual forma.

Los abogados que han dedicado años a servir al Estado han aportado sus conocimientos para que hoy las cosas caminen y que la administración pública sea más eficaz.

Sin ellos y su compromiso como garantes de la seguridad jurídica en el país las cosas no marcharían ni siquiera como hasta ahora.

Y, aunque hay bastante que mejorar y corregir, no hay que negar que muchos de los avances que se han logrado como país, tienen que ver con el desempeño de estos profesionales comprometidos con su labor, quienes, a pesar del poco incentivo que reciben actualmente, continúan al servicio de todo un país.

Estudiante de Maestría de la Universidad Interamericana de Panamá (UIP).