Concertados para afectar la salud

La participación ciudadana efectiva es relegada a un organismo secundario, el Consejo Nacional de Contraloría Social, con funciones prácticamente periféricas. Se trata, entonces, de una propuesta que politiza aún más el manejo de la salud. Foto Archivo.

Poco después de las elecciones generales ha venido circulando una "Propuesta de Anteproyecto de Ley para la Transformación del Sistema Público de Servicios de Salud", la que se presenta como un documento elaborado en el seno de la Concertación Nacional para el Desarrollo.

Este si bien intenta aparecer como un hito progresista, en la que se utilizan palabras como equidad y solidaridad, así como la idea de avanzar hacia un modelo de atención primaria de salud, en la práctica traiciona esos nobles ideales.

Es así, para empezar, que el documento propone que la Caja de Seguro Social (CSS) tendrá que seguir asumiendo los costos de los cotizantes, así como el de los dependientes.

Esto significa que el 75.3% del gasto en salud deberá ser financiado por esta institución, pese a que del total de su población cubierta apenas el 48.9% son asegurados cotizantes.

Se mantiene así el abuso del Gobierno Central sobre la CSS.

VEA TAMBIÉN: Sumándole conceptos a la educación

Que la propuesta de la Concertación, con el fin de salvar la cara, proponga que el Gobierno Central subsidie con $ 25.0 millones anuales al Programa Enfermedad y Salud de la CSS, resulta prácticamente risible, dado que ese monto apenas alcanza al 1.7% del gasto de operación anual de dicho programa.

No se trata, como dice muy vaga e indeterminadamente el tiempo el Proyecto de Ley, que el Estado debería "asumir progresivamente el costo de atención de los beneficiarios" y que se analizará "la factibilidad de que el Estado asuma de manera gradual y progresiva los aportes que dan los jubilados", se trata de que el abuso sobre la CSS cese de inmediato y que el Gobierno Central asuma su responsabilidad constitucional.

Desde hace mucho tiempo, las cuotas que se aportan en base a las remuneraciones del trabajo para la salud se han convertido en una especie de impuesto regresivo.

En relación con las intenciones privatizadoras, el documento bajo análisis, pese a asegurar que las elimina, en realidad las deja abiertas.

Si bien en el mismo se señala que se prohíbe cualquier forma de privatización y externalización (Artículo 32), lo cierto es que esta norma solo se refiere a la segunda fase del proceso.

VEA TAMBIÉN: Hacia la construcción de una política de Estado

Esto significa que en la primera fase, la de "Coordinación Funcional de los Servicios Públicos", la privatización y la externalización podrían reinar, dificultando cualquier vuelta atrás.

La propuesta de la Concertación, que crearía el "Consejo Nacional de Coordinación e Integración", centra todo el control del proceso en tres funcionarios designados por el presidente: el Ministro de Salud, el Director General de la CSS y el Ministro de Economía y Finanzas.

La participación ciudadana efectiva es relegada a un organismo secundario, el Consejo Nacional de Contraloría Social, con funciones prácticamente periféricas.

Se trata, entonces, de una propuesta que politiza aún más el manejo de la salud.

Si bien es cierto que hace falta debatir sobre la naturaleza de un modelo de atención de salud que supere las dificultades del que fallidamente hoy rige en el país, lo cierto es que el propuesto por la Concertación, no resuelve el problema, lo agrava.

Economista