Crímenes de lesa majestatis

Se ha dado a conocer, a través de los medios de comunicación social, que el Presidente de la República, Licdo.

Ricardo Martinelli, ha sido víctima de un eventual delito, en grado de tentativa y que, potencialmente, puso en peligro la integridad del mandatario así como también la propia estabilidad del Estado panameño y de su Gobierno, sin dejar de resaltar que nuestra frágil democracia también pudo haber corrido igual suerte.

No han sido pocos quienes han dubitado de la real ocurrencia de los hechos y han elaborado una serie de conjeturas en aras de restarle credibilidad al incidente.

Sin embargo, cabe observar, contrariando las conjeturas, que también se ha dado a conocer que ya hay personas detenidas en atención al deplorable hecho.

Esto viene a dar cuentas de que no se trata de un invento o de una mentira con apariencia de verdad.

Los penalistas sabemos que no puede una persona ser privada de su libertad ambulatoria si al menos no existen pruebas de su vinculación, así sea en grado indiciario, para con el hecho punible.

Sin haber conocido de tales detenciones, al ser entrevistado por un medio periodístico sobre el particular, advertí que “el pueblo tiene derecho a conjeturar en torno a la ocurrencia efectiva o no del incidente sin que tal derecho a la información ponga en peligro el desarrollo de una investigación seria, objetiva y en pro de la determinación de dos cosas fundamentales: autores y partícipes y hecho punible”.

Es decir, ese derecho de la sociedad panameña de saber qué fue lo que realmente aconteció no puede, de ninguna manera, perturbar el curso de las investigaciones y, al final de cuentas, haciendo nugatoria la efectividad de los cargos penales hacia quienes quisieron perturbar y destruir la paz y el sosiego del Gobierno y del pueblo panameño.

Por allí se ha estado diciendo que todo esto ha sido objeto de una escaramuza política encaminada a presentar al Presidente ante el pueblo panameño como un hombre que ha sido amenazado merced a algunas decisiones políticas y que han sido del desagrado de algunos personajes del mundo político y también para algunos sectores de la vida nacional.

Es un argumento político, sin duda alguna, pero que perdería fuerza en la medida, como ya ha venido aconteciendo, que se han dado muestras y pruebas de la efectiva ocurrencia de una conspiración malévola contra el primer Mandatario de nuestra nación.

Al final de cuentas, insisto, lo que importa es que se den a conocer los eventos, objetivamente, y que el pueblo panameño tenga información de qué fue lo que realmente aconteció.

Esto se entenderá en la medida en que podamos comprender que, indistintamente de las diatribas y diferendos políticos, todos tenemos el deber ineludible de preservar nuestra democracia y de defender a nuestros conciudadanos, máxime la de quienes gobiernan, ante los vilipendios y ataques a la integridad física de ellos así como de la nuestra.

No podemos permitirnos que la ola de la delincuencia, también, atrape y secuestre al poder político.

¡Vade retro!