Crítica a una crítica interesada e insuficiente, al informe actuarial de la CSS
... la JTA actuarial no advierte cómo los sistemas de cuentas individuales generan pensiones de miseria, a la vez que pasó por alto el grave impacto negativo que tiene el actual estilo concentrante y excluyente de la economía.
- Juan Jované
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- - Publicado: 03/2/2021 - 12:00 am
Hace apenas unos días circuló en las redes sociales la crítica que un destacado miembro de un gremio empresarial dirige al Informe de la Junta Técnica Actuarial (JTA) de la Caja de Seguro Social (CSS). Dado el interés que esta pueda despertar, resulta útil analizar su contenido, así como sus objetivos últimos.
Es evidente que el Informe de la JTA es inaceptable, pero la crítica de este debe ser completa y exhaustiva. En este sentido se puede señalar que la del gremialista empresarial se restringe a cuatro aspectos.
En primer lugar, destaca que se han acreditado demasiados fondos al subsistema solidario a costa del de cuentas individuales (mixto). En segundo lugar, que probablemente existan más derechos a pensiones en el sistema solidario que los tomados en cuenta por la JTA.
Interesa, entonces, destacar que ambos factores llevan a impulsar la idea de que la situación del programa solidario está grave, al extremo que el mismo es incapaz de sobrevivir. Se trata de una campaña montada por la patronal con el fin de decretar la destrucción definitiva de la solidaridad, impulsando la idea de que todos los asegurados deben pasar a un régimen de cuentas individuales.
En tercer lugar, también en apoyo a las posiciones de los sectores económicamente dominantes, el gremialista empresarial utiliza una buena parte de su escrito intentando demostrar que la CSS es un organismo incapaz de manejar adecuadamente el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Esto apunta hacia la idea de que no solo se debe pasar a un régimen total de cuentas individuales, sino que, además, el mismo debe ser administrado por empresas privadas.
Existe una intención adicional del gremialista empresarial. No queda duda que las incorrecciones contables de la JTA deben corregirse. Sin embargo, el interés del autor de la crítica busca promover la hoja de ruta ideada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), según la cual los "especialistas" deberían trabajar primero en el análisis de la realidad para encontrar las "soluciones viables", las cuales se convertirían en la base inmutable del diálogo entre los sectores.
Es bueno recordar que la comisión de "especialistas" que nombró el Director General de la CSS está totalmente formada por representantes de la cúpula empresarial.
Como era de esperarse, el gremialista empresarial se abstuvo de profundizar en la metodología sesgada que utilizó la JTA para realizar su informe. En esta, para comenzar, se omitió señalar que el origen de los problemas del subsistema solidario está en La Ley 51 del 27 de diciembre de 2005, ideada e impulsada por la cúpula empresarial, la cual dejó sin respaldo financiero a todos los asegurados de este subsistema. A esto se debe agregar que la JTA se rehusó a analizar un escenario utilizando las propuestas de los sectores sociales, cuya base es devolver a todos los asegurados al modelo solidario.
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No menos importante es, aún cuando el gremialista empresarial lo omita, que la metodología utilizada por la JTA toma como normal la evasión y elusión de cuotas por parte de la parte patronal, incluyendo la que realizan las grandes empresas del sector formal.
Así mismo, toma como normal la existencia del alto nivel de informalidad en el país, la inequidad de género y el bajo nivel de rentabilidad de los fondos de la CSS.
Probablemente para disfrute del gremialista empresarial, la JTA actuarial no advierte cómo los sistemas de cuentas individuales generan pensiones de miseria, a la vez que pasó por alto el grave impacto negativo que tiene el actual estilo concentrante y excluyente de la economía.
A fin de cuentas, nos encontramos frente a una crítica parcial e interesada al informe de la JTA, la que omite todos aquellos aspectos críticos y fundamentales que pudieran favorecer los intereses de la población asegurada.
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Economista.
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