Democracia y Estado de derecho

Nos falta una cultura democrática que sirva como nexo entre ciudadanos y mandatarios. Foto: EFE.

Tanto la democracia liberal, concepto organizativo y teórico de gobierno, como su sistema legal o principio de legalidad que conocemos como el Estado de derecho, son ideales políticos occidentales de origen grecorromano, convertidos hoy en virtudes cívicas, incluso en Panamá.

En nuestra cultura occidental el humano se considera a sí mismo una criatura racional, capacitada para hacer el bien y evitar el mal, con lo cual ha creado un orden normativo e institucional para su conducta en sociedad.

Hemos desarrollado en Occidente un pensamiento jurídico-político sobre el Estado, el Derecho, la ley, el gobierno, la justicia, la propiedad, los derechos humanos, las obligaciones ciudadanas, etcétera, que bien llevado y practicado pone a la ley y a la justicia, o sea al Estado de derecho, en el centro de la cultura humana.

Con la práctica de estas normas jurídicas, sus principios morales y las funciones sociales que cumple, este código legal o Derecho occidental establece una conexión orgánica con la totalidad de nuestra civilización universal y nos hace partícipe de esa ley eterna divina (para los creyentes origen de todas las leyes) y de la ley positiva promulgada por los demás Estados.

Pero como el Derecho es un sistema normativo y sistemático que se desarrolla y cambia con el tiempo, cuyo mayor valor es la justicia y para muchos la seguridad jurídica, cobra mucha importancia la axiología jurídica de esas leyes (o sea, los valores que deben prevalecer).

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Por eso, la racionalidad del legislador (en nuestro caso los diputados de la Asamblea Nacional) y los principios jurídico-doctrinales que los guían, en especial su moralidad política, se hacen indispensable para el buen funcionamiento de nuestra democracia.

La buena gobernanza de un país a través de leyes justas siempre nos debe hacer preguntarnos: ¿Qué hay detrás de nuestras leyes?

Este cuestionamiento es el comienzo de un proceso de evaluación de nuestra democracia panameña y de nuestros ideales políticos que a la vez nos ayudarán a definir con más precisión los criterios que usamos para determinar la legalidad de nuestro Estado de derecho.

Así como describimos "democracia" como un sistema que permite elecciones libres y periódicas, la existencia de una oposición verdadera, la disidencia política, medios independientes, etc, también hay que definir, con la maleabilidad que esto implica, lo que significa "Estado de derecho" como sistema de gobernanza, no como perversión de la ley.

En nuestro caso cumplimos con los 5 criterios utilizados en Occidente para clasificarnos como una democracia liberal: cortes y tribunales, leyes, legislatura, orientación al bien común, estructura sistemática y cumulativa de reglas y jurisprudencia.

No obstante, a pesar de ese aparente cumplimiento todo indica que las cosas no van bien en Panamá, ni al hacer justicia ni al proteger su seguridad jurídica, porque no pasamos el escrutinio moral ciudadano.

Nos falta una judicatura bien entrenada y fiscalizada; normas claras y consistentes; la sumisión de los órganos Ejecutivo y Legislativo al Poder Judicial; sobre todo, una cultura democrática que sirva como nexo entre ciudadanos y mandatarios.