Desarrollo con sensibilidad social
Publicado 2002/03/28 00:00:00
- Ginebra
Son 74 los distritos municipales en Panamá, y dentro de éstos, numerosas áreas administrativas menores denominadas corregimientos. Debido a lo reducido de los ingresos municipales para atender las necesidades puntuales de su población, la mayoría depende de los subsidios del Gobierno Central.
111 Cientos engrosan las filas de los desocupados, desaprovechando enormes talentos, creando frustraciones y decepciones que hacen propicias las condiciones para una explosión social.
Servicios elementales de numerosas comunidades son postergados, año tras año, con el consiguiente empeoramiento sostenido de las condiciones de vida de sus habitantes. Así observamos el aumento progresivo de los índices de desempleo, pobreza y desnutrición; el descuido o la inexistencia de los insumos elementales de las plantas físicas y de los entornos ambientales de esas comunidades, y de la baja productividad de sus habitantes.
Panamá, para progresar, no puede seguir aceptando pasivamente esas deplorables condiciones que en ocasiones bordean las infrahumanas. ¡Es una cuestión de derechos humanos! Un programa de acción humanitaria, despolitizada, diseñada con sensibilidad y parámetros objetivos de selección prioritaria, es urgente. El país tiene que aprovechar los recursos humanos que pudieran estar y hacerlos disponibles, para sumar ese potencial dormido a los esfuerzos de desarrollo comunal y nacional.
El Régimen Municipal de la Carta Constitucional -sujeto a cualquier programa de acción de envergadura social que se desarrolle en su territorio. Por otra parte, cada año las escuelas secundarias -públicas y privadas- promocionan cientos de bachilleres -en artes, letras, ciencias y vocacionales- con conocimientos y destrezas de interés para la sociedad. Los inversionistas del gobierno en la educación pública, sumadas las privadas, representan millones de balboas anuales.
Sin duda, la formación intelectual de los promovidos constituye un progreso para la comunidad en general. No obstante, lo reducido del mercado laboral limita las posibilidades de acceso de todos a un empleo pleno, afectando la tasa de retorno del sector y por ende, al desarrollo nacional. De allí lo cuestionable del aprovechamiento óptimo de las millonarias inversiones de capital que el país invierte en educación. Cientos engrosan las filas de los desocupados, desaprovechando enormes talentos, creando frustraciones y decepciones que hacen propicias las condiciones para una explosión social. Son objetivos contrarios de la educación.
Ciertamente, el gobierno no está ni estará jamás en capacidad de ofrecer empleos a tan elevado número de promovidos cada año. No es su función. Lo que indudablemente le compete es la tarea de crear las condiciones y los estímulos necesarios para que el sector privado prospere en cumplir la importante responsabilidad social de crear empleos. Sólo así se llegará a normalizar -si se me permite el término- la situación de la oferta y la demanda en la materia. Mientras, persiste la doble preocupación que es un reto importante para Panamá:
Aquel reto exige el ingenio nacional, porque en definitiva tiene efectos sobre el desarrollo del país. Los ministerios de Gobierno, Vivienda, Educación, Salud, Obras Públicas y Desarrollo Agropecuario -en conjunto con los municipios respectivos- podrían involucrarse en un programa coordinado para utilizar aquella mano de obra disponible de la juventud deseosa de participar y ganar experiencia práctica -para poder competir por cargos futuros- al tiempo de contribuir a resolver problemas puntuales de las comunidades y de interés nacional.
El Gobierno proveería transporte, alimentación, alojamiento, y una remuneración simbólica, como servicio social de retribución, por período de un año prorrogable, sujeto a la evaluación objetiva de resultados y del participante. Las partidas circuitales podrían conformar parte de los fondos requeridos para impulsar el programa. Sería un regalo de Aniversario Centenario de Panamá.
111 Cientos engrosan las filas de los desocupados, desaprovechando enormes talentos, creando frustraciones y decepciones que hacen propicias las condiciones para una explosión social.
Servicios elementales de numerosas comunidades son postergados, año tras año, con el consiguiente empeoramiento sostenido de las condiciones de vida de sus habitantes. Así observamos el aumento progresivo de los índices de desempleo, pobreza y desnutrición; el descuido o la inexistencia de los insumos elementales de las plantas físicas y de los entornos ambientales de esas comunidades, y de la baja productividad de sus habitantes.
Panamá, para progresar, no puede seguir aceptando pasivamente esas deplorables condiciones que en ocasiones bordean las infrahumanas. ¡Es una cuestión de derechos humanos! Un programa de acción humanitaria, despolitizada, diseñada con sensibilidad y parámetros objetivos de selección prioritaria, es urgente. El país tiene que aprovechar los recursos humanos que pudieran estar y hacerlos disponibles, para sumar ese potencial dormido a los esfuerzos de desarrollo comunal y nacional.
El Régimen Municipal de la Carta Constitucional -sujeto a cualquier programa de acción de envergadura social que se desarrolle en su territorio. Por otra parte, cada año las escuelas secundarias -públicas y privadas- promocionan cientos de bachilleres -en artes, letras, ciencias y vocacionales- con conocimientos y destrezas de interés para la sociedad. Los inversionistas del gobierno en la educación pública, sumadas las privadas, representan millones de balboas anuales.
Sin duda, la formación intelectual de los promovidos constituye un progreso para la comunidad en general. No obstante, lo reducido del mercado laboral limita las posibilidades de acceso de todos a un empleo pleno, afectando la tasa de retorno del sector y por ende, al desarrollo nacional. De allí lo cuestionable del aprovechamiento óptimo de las millonarias inversiones de capital que el país invierte en educación. Cientos engrosan las filas de los desocupados, desaprovechando enormes talentos, creando frustraciones y decepciones que hacen propicias las condiciones para una explosión social. Son objetivos contrarios de la educación.
Ciertamente, el gobierno no está ni estará jamás en capacidad de ofrecer empleos a tan elevado número de promovidos cada año. No es su función. Lo que indudablemente le compete es la tarea de crear las condiciones y los estímulos necesarios para que el sector privado prospere en cumplir la importante responsabilidad social de crear empleos. Sólo así se llegará a normalizar -si se me permite el término- la situación de la oferta y la demanda en la materia. Mientras, persiste la doble preocupación que es un reto importante para Panamá:
Los problemas de la mayoría de las comunidades menores, desatendidas, en materia de educación, salud, nutrición, vivienda, servicios públicos, agricultura, caminos, deportes, esparcimiento, etc.
Aún con el diseño de una estrategia nacional de desarrollo sugerido en artículo previo -"Descentralización ordenada"- publicado en El Panamá América, muchas comunidades quedarían al margen y recibirían, tal vez, atención limitada.
Aquel reto exige el ingenio nacional, porque en definitiva tiene efectos sobre el desarrollo del país. Los ministerios de Gobierno, Vivienda, Educación, Salud, Obras Públicas y Desarrollo Agropecuario -en conjunto con los municipios respectivos- podrían involucrarse en un programa coordinado para utilizar aquella mano de obra disponible de la juventud deseosa de participar y ganar experiencia práctica -para poder competir por cargos futuros- al tiempo de contribuir a resolver problemas puntuales de las comunidades y de interés nacional.
El Gobierno proveería transporte, alimentación, alojamiento, y una remuneración simbólica, como servicio social de retribución, por período de un año prorrogable, sujeto a la evaluación objetiva de resultados y del participante. Las partidas circuitales podrían conformar parte de los fondos requeridos para impulsar el programa. Sería un regalo de Aniversario Centenario de Panamá.
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