Destruir la seguridad social para enriquecerse

Recientemente, el organismo más importante y beligerante del mundo empresarial ha vuelto a insistir en su propuesta de dividir la Caja de Seguro Social (CSS) en dos instituciones independientes.

En este esquema, una de estas se dedicaría exclusivamente a la salud, mientras que la otra se convertiría en una administradora de fondos de pensión.

Esto se propone como parte de una agenda para el país, la que nadie puede rechazar.

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¿Se trata de una respuesta correcta a los problemas o una simple estratagema para elevar las ganancias de sus socios?

Para comenzar, se puede señalar que los programas de la CSS, por su propia naturaleza, integran necesariamente las prestaciones económicas y las prestaciones de salud.

Es así que el programa de Enfermedad y Maternidad, para dar un ejemplo, entrega servicios de salud a las aseguradas embarazadas, a la vez que cubre sus derechos económicos de maternidad.

Así mismo, el programa de Riesgos Profesionales integra tanto las prestaciones de salud como las prestaciones económicas.

En cuanto al programa de Invalidez, Vejez y Muerte, no queda la menor duda de que los problemas de invalidez y las prestaciones económicas a que dan lugar están altamente correlacionados con los de salud.

Actualmente, son las juntas médicas de la CSS las que deciden sobre las pensiones de invalidez por enfermedad común.

La propuesta de la clase empresarial, por otra parte, terminaría por elevar los costos administrativos de todo el sistema de seguridad social.

Se tendrían que tener dos sistemas de cobros de las cuotas, dos juntas directivas, dos directores generales, dos aparatos administrativos, etcétera. Esto, junto a lo anterior, llama la atención sobre el hecho de que la propuesta no está pensada en términos de la eficiencia para el asegurado.

Por el contrario, este tendría que entenderse en paralelo con dos instituciones distintas, con el costo que esto representa en tiempo, recursos y resultados.

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A esto se debe agregar que no quedaría claro quién pagaría por los riesgos profesionales y las prestaciones por enfermedad.

¿Será la institución de finanzas o la de salud?

Más aún, ¿cómo se coordinarán las dos instituciones o no tendrán ninguna relación?

La propuesta, ya que probablemente se trata de ocultar el verdadero objetivo, no establece claramente que es fundamental mantener el carácter solidario y público de la seguridad social panameña.

Tampoco asegura que las juntas directivas tendrían la representación pluralista que debe asegurarse en términos del manejo de la seguridad social.

A final de cuentas, resulta obvio que la propuesta de la cúpula empresarial tiene una clara intención: generar dos negocios, pensados ambos en términos de las ganancias privadas: uno de salud, sostenido en la tercerización y otro financiero, sostenido en la administración de las reservas de la CSS por empresas financieras privadas, las cuales operarán como capitalizadoras delegadas de la entidad pública, tal como ocurre con el Siacap.

Todos los que creemos en la seguridad social pública, universal y solidaria tenemos el deber de alertar a la población de la propuesta que comentamos y promover la movilización de la población para su rechazo.

Economista.