Ejecutivo vs. Legislativo: ¿Qué hay detrás del conflicto?

Legislador de la República

La presidenta Mireya Moscoso ha venido tratando de disponer mayores recursos del Estado para los más humildes, sin afectar al motor de la economía nacional que son la empresa privada y los obreros. De eso trataba "El Cambio" que prometimos en campaña. Pero entendiendo al gobierno de un país como un cuerpo con su cabeza (el Ejecutivo) y con sus dos brazos (el Poder Legislativo y el Poder Judicial), al nuestro nos resulta muy lento y difícil moverlo, porque uno de sus brazos quiere dedicarse a obstruir. La realidad es que cuando se habla de una agresión del Ejecutivo contra la Asamblea Legislativa, las cosas son al contrario. Aunque la Asamblea está constituida por 71 legisladores y 33 de ellos, que somos una minoría fuerte y sólida, estamos de acuerdo con las políticas aplicadas por el Ejecutivo, existe una mayoría de 38 legisladores que dominan y que no entienden que entre los poderes del Estado debe haber armónica colaboración. Ello, al margen de que exista la crítica constructiva y la contraposición de ideas, que al final del camino producen un mejor Estado y hacen de la democracia el mejor sistema de gobierno.
Me preocupa la errada percepción del conflicto Ejecutivo - Legislativo, por lo que a continuación quisiera explicar algunas realidades que seguramente ilustrarán a muchos lectores:
La ratificación de Winston Spadafora y Alberto Cigarruista como magistrados de la Corte
Suprema de Justicia. Como los gobiernos anteriores, el actual tiene la responsabilidad constitucional de nombrar
dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia utilizando los mecanismos y parámetros establecidos en la
Constitución. Si estos mecanismos y parámetros son objetables ahora, aunque no lo hayan sido antes, son los
existentes mientras no cambiemos la Constitución. Sólo queda espacio para la ratificación o el rechazo y no la
postergación chantajista del debate.
La aprobación del presupuesto general del Estado para el año 2002. Es necesaria para el adecuado funcionamiento del estado. El presupuesto presentado no contiene partidas circuitales y recorta los contratos eventuales de la Asamblea en 11 millones de balboas. Contiene recortes institucionales, pero también aumentos sustanciales por el pago de la deuda externa que nos dejó el PRD y por compromisos adquiridos por ley con diferentes grupos. Se alega que tanto ingresos como egresos están inflados. ¿Piensan ustedes que con la experiencia del gobierno en la Asamblea, hubiera sido inteligente presentar un presupuesto al mínimo aceptable? Lo presentado era para discutir y negociar como todo presupuesto. La reciente acción de META de autorechazar su propio fallo, admite que hemos tenido razón, aunque sospecho que no ha sido más que mímica de buena voluntad (sin voluntad), para ver si el Ejecutivo corría a restaurar las partidas circuitales y los contratos, que es lo que la oposición y META, en realidad, quieren. Lo que cabe es llevar el presupuesto al debate y hacerle, si el Ejecutivo lo considera pertinente, las modificaciones que META sugiera y finalmente aprobarlo o rechazarlo. No es ni razonable, ni moral, que el Ejecutivo conceda lo que META quiere y META optará por rechazar el presupuesto para que en el 2002 entre en vigencia el presupuesto actual (que contiene las partidas circuitales y los contratos). En consecuencia, el Ejecutivo tendrá que ir a la Comisión de Presupuesto a solicitar cambios de partidas para acomodar el presupuesto viejo a las necesidades del 2002 y continuará la obstrucción y el chantaje. La ratificación de Romel Adames como director de la CLICAC. Ya fue negada y, aunque pueda insistirse, corresponde presentar otro candidato. La Presidenta ya tiene otro candidato y lo enviará a la Asamblea en los próximos días. Usar el Fondo Fiduciario. Para proyectos específicos, entre otros, la modernización del IDAAN y el suministro confiable de agua a más de 400,000 panameños y la compra de parte de la deuda nacional, cuyo pago este año absorbe alrededor del 25% del presupuesto nacional. El Fondo Fiduciario está depositado en bancos extranjeros, rindiendo bajísimos intereses, mientras que gran parte de la deuda nacional que nos dejó el PRD y sus gobiernos, está negociada a intereses fijos. Comprando deuda se podría bajar el servicio para esta hasta un 15% del presupuesto nacional, lo que dejaría unos quinientos millones de balboas anuales adicionales para inversión en obras sociales y de infraestructura. El gobierno ha propuesto, además, presentar una ley que establezca un tope al endeudamiento estatal. Quiero recordar, que esta ha sido en esencia la propuesta del gobierno de Mireya Moscoso desde un principio. Hace casi dos años que se llevó al debate de la Asamblea y en una irresponsable actitud de obstrucción, para evitar que el Gobierno pudiera dar soluciones concretas, la propuesta fue rechazada por quienes hoy conforman META. La aprobación de los traslados de partidas por la Comisión de Presupuesto. Sobre todo la necesidad de que en adelante se aprueben o nieguen y no que se mantengan por meses en suspenso, con el propósito de chantajear a las instituciones solicitantes, pidiéndoles nombramientos o recursos para los circuitos de los legisladores. Eso fue lo vivido en la Asamblea Legislativa durante los dos períodos anteriores. Ratificaciones de los tres nombrados por el Ejecutivo a la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Los tres directores que el Ejecutivo debía nombrar este año para la junta directiva de la ACP fueron enviados a la Comisión de Credenciales el pasado mes de mayo. ¿Qué explicación tienen el pacto META y la oposición, para no haber ratificado o negado estos nombramientos hasta la fecha? Yo lo entiendo como una obstrucción chantajista e irresponsable adicional. Igual suerte ha corrido el Comisionado Director del Ente Regulador. El refrendo de los contratos de funcionarios de la Asamblea. Estos contratos no son de funcionarios permanentes de la Asamblea, mucho menos de funcionarios esenciales para su operación. Son contratos eventuales renovables anual o cuatrimestralmente y que aumentaron sustancialmente después de la aprobación de la difunta Ley 25 de junio de 1999. Son, en gran mayoría, repartidos entre los legisladores, para que nombren a sus allegados políticos o para "otros propósitos". Una buena cantidad queda en manos de los tres miembros de la junta directiva y la mayoría en manos de la oposición. Se rumora con bastante certeza que altos dirigentes de la oposición han estado usufructuando otra buena cantidad. Puedo asegurar que la Asamblea Legislativa podría operar perfectamente sin ninguno de estos contratos. El aumento del presupuesto para el Legislativo. Este aumento es inmoral. Puedo entender que para mejorar los servicios a los legisladores y la calidad de las leyes y debido a la inflación, hubiese un incremento en el presupuesto de funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, después de ser Legislador por dos años, sufriendo un servicio legislativo lleno de carencias y mediocridad, todavía estoy esperando que me justifiquen el aumento de más del 150% en ese presupuesto (de 1991 al 2001) con sólo cuatro legisladores más. En 1991, cuando mi hermano Marco era Presidente de la Asamblea Legislativa, el presupuesto de operaciones era de alrededor de 15 millones de balboas. Este año fue de alrededor de 40 millones. Sería bueno analizar, para comparar en este mismo lapso, cuánto han crecido los sectores socialmente sensibles como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el MOP, el MIDA, la CSS, etc., que tienen que atender una población creciente y cada vez más pobre y necesitada, y cuál ha sido el crecimiento de sus presupuestos en el mismo período. Verdades que el pacto META pretende que ignoremos, porque insiste en vivir aislado en el "País de las Maravillas", pretendiendo justificar que la Asamblea Legislativa triplique su presupuesto, aunque sus operaciones básicas sigan funcionando igual, secretariado, actas, seguridad, comisiones, etc., y aunque en diez años el tamaño real de dicho "rgano solamente haya crecido 6% (sólo 4 legisladores más). Es decir que, mientras la economía del país casi no crece y nuestra productividad efectiva, no numérica, como Organo Legislativo tampoco crece, aparte del desempleo, el endeudamiento y la pobreza, lo único otro que crece y desmesuradamente es el costo (que no es exactamente el "valor") que para el país representa nuestra Asamblea (legisladores más caros para un país cada vez más pobre... ¿inmoral no?). La flexibilización de la contención del gasto para la Asamblea. Una contención del gasto público de 30% fue aplicada a todas las instituciones por igual, incluyendo la partida discrecional de la Presidenta, que es de 3 y no de 6 millones, como la que tenía Pérez Balladares. Igual pasó con el Ministerio de la Presidencia, cuyo presupuesto de 133 millones, alega que se ha triplicado entre 1991 y 2001, sin decir que desde el año 2000 contiene al Fondo de Inversión Social, que corresponde a unos 100 millones. Siendo así, al igual que todas las instituciones, la Asamblea tiene que apretarle el cinturón a su inmoral presupuesto.
Para mí es bien claro que nuestro gobierno intenta ejercer su mandato con todos los derechos que establece la Constitución, y a pesar del Pacto META y el PRD. Ellos, por su lado mantienen sus ambiciones desmedidas y continúan intentando obstaculizar, chantajear, desestabilizar, cogobernar y hacer política con los recursos de la Asamblea, a pesar de la crisis económica nacional y mundial. Por ello, me ha parecido excelente la idea de la Presidenta de recurrir al diálogo nacional, para que todos los sectores de la sociedad civil sean testigos de la voluntad del gobierno y, unidos a éste, presionen al pacto META a suspender el chantaje y la obstrucción y asumir la responsabilidad que su dominio mayoritario de la Asamblea les impone, que es retornar a la crítica constructiva, al concurso de ideas y a la armónica colaboración con el gobierno. Si no entienden esta realidad, el pueblo se encargará de hacerlos desaparecer del mapa político en el 2004.