El derecho: la tierra y la vaca

No ha habido en este, nuestro país, persona que, reputándose seria, no haya desaprobado las acciones y los mensajes del Gobierno panameño en aras de neutralizar, vilipendiar, dejar mal, al sector agropecuario.

El estado de cosas ha llegado a extremos inaceptables como lo es el de haber llevado a varios de sus dirigentes ante la justicia penal.

Para ello se dispuso de todo un aparatoso movimiento de unidades de los estamentos de la seguridad pública buscándolos, de modo afanoso, en sus hogares desde tempranas horas del día.

Para sorpresa de los familiares y amigos eran esposados, como viles delincuentes, para luego ser presentados bajo cargos penales pusilánimes ante una justicia que se viene mostrando selectiva, servilista y persecutoria.

No faltaron las privaciones de libertad y las vedadas audiencias de formulación de cargos o de imputación, todo ello precedido por una conferencia de prensa convocada en el solio presidencial y en la que tres ministros de Estado calificaron las protestas de los dirigentes del sector agropecuario como un movimiento orquestado políticamente para golpear al Gobierno.

El recién estrenado ministro de la Presidencia, con un deje de soberbia y hasta de altanería, no podía ocultar su entrega al Ejecutivo, de modo incondicional.

A escasas horas después, todo ese discurso empezó a manifestarse con las detenciones o privaciones de la libertad de humildes hombres que no hacen otra cosa que trabajar la tierra o brindarnos los productos cárnicos y lácteos tan indispensables en la dieta de los panameños.

Un tribunal de garantías terminó señalando la ilegalidad de estas detenciones; no obstante, de haberse permitido la imputación penal.

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Ni debió aceptar imputación alguna, como tampoco dejar supérstite o en curso una investigación que, a todas luces, se muestra como manifiestamente injusta, improcedente, ilegal y persecutoria. Esto es nocivo, tóxico, altamente peligroso para el funcionamiento de nuestra sociedad, ya que los gobiernos no pueden instrumentar o articular bajo el pretexto de investigaciones o procesos penales, el ataque irracional hacia quienes protestan o critican a las figuras de un Gobierno, a la principal cara de una administración gubernamental o a sus planes o agendas de trabajo.

Si al final de cuentas una democracia sin la crítica de sus ciudadanos no es más que una vulgar parodia del juego democrático, una nefasta representación del principio de la igualdad de todos ante la ley y, por ello, los Gobiernos que se denominan democráticos sin dar muestras o expresiones reales de esa democracia, no son más que ínfimos grupitos de poder que, alcanzando el solio presidencial, trastocan todo sentido de humildad, sencillez o de modestia haciendo transitar por los rieles de la soberbia sus discursos, sus acciones, sus comportamientos.

Decía el célebre penalista italiano Francesco Carrara que política y justicia no nacieron hermanas y que cuando estas se encuentran, frente a frente, la justicia, cual paloma, prefiere alzar su vuelo al cielo.

Y es que en el sagrado Templo de la Verdad no hay lugar para un abrazo entre la política y la justicia, salvo que la política entienda, de una vez por todas, que debe estar sujeta y sometida a los dictámenes de esta.

En mi vida profesional, en la práctica tribunalicia, en no pocas ocasiones he hecho uso de esta expresión carrariana, y es que se nos presenta como indispensable que los fiscales y los jueces entiendan también que no basta con que la Constitución les diga que son independientes, que nosotros les digamos que respeten esa independencia, sino que los fiscales y los jueces se sientan y actúen como verdaderos independientes en el ejercicio de sus sagradas funciones.

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La cuestión es mucho más crítica de lo que podemos imaginar, porque ahora habrá que preguntarse quién querrá protestar en las calles, ya que, eventualmente, de hacerlo, sobre su cabeza pende un eventual proceso penal en el que la ridícula voz de algún fiscal, como quien reparte confites en una de nuestras callejuelas, les dirá a los jueces que le den 9, 10, 15 o 20 años de prisión.

¡Cómo se juega con la integridad y la libertad de nuestros hombres y mujeres!

¡Cómo le duele a la patria que quienes administran la cosa pública sean tan irresponsables y que actúen bajo el paraguas que luce el cintillo del "poco importa"!

Mucho más delicado también es que una diputada de la nación, en algún momento, denunció cómo alguien, ostentando la calidad de alto funcionario en el sector agropecuario en contubernio con alguien de comportamiento sospechoso, en franca competencia contra nuestros agricultores, introducía arroz foráneo al país.

Señores del sector agropecuario, mi solidaridad con ustedes, siempre dispuesta a la acción: total y absoluta.

Abogado