El nuevo código sanitario

Jorge E.

Aguirre Leason / Abogado-docente universitario (opinion@epasa.

com) / -La definición de código, relacionado con el mundo del derecho, es un conjunto unitario, moderno, ordenado y sistematizado de normas, leyes y principios jurídicos que evita la discrecionalidad interpretativa de los derechos y obligaciones de la sociedad.

Una legislación sanitaria nacional debe contener el derecho a la protección de la salud y sus principios generales, la estructura del Sistema Sanitario Público, sus funciones esenciales y los derechos y deberes de los ciudadanos.

Como ya es costumbre, este país se da el lujo de que su seguridad sanitaria se rija por la Ley 66 del 10 de noviembre de 1947, sí leyó bien 1947, que regula los asuntos de la salud de un pueblo que merece mejor calidad de vida y menos pan y circo en las actuaciones de sus servidores públicos.

El Código Sanitario de 1947 necesita una revisión integral porque contiene un modelo ineficiente, que exige una reforma estructural debido a los avances científicos y nuevos conocimientos de vigilancia.

Su redacción no depende del capricho de los gobernantes de turno ni es botín político gremial.

Siendo un escenario electoral el que vivimos no es conveniente el momento para crear un documento jurídico que tiene que ver con el equilibrio de la vida y de la muerte de todos.

La sociedad debe exigir un código sanitario que reglamente la prevención y promoción de la salud, la participación integral de los ciudadanos, política estatal de planificación y gestión en materia de salud pública y el fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación y fiscalización y la garantía de la calidad de los servicios de salud individuales y colectivos.

No queremos un código sanitario revanchista con los profesionales de la salud ni violador de los derechos humanos, tampoco que se le considere un botín gubernamental o gremial (búsqueda de mejores condiciones), de igual manera sea una mordaza para denunciar o protestar por descabelladas actuaciones de servidores públicos que piensan que la muerte negligente de un ser humano es una cifra, parte de una estadística fría e inhumana.

Este no es el momento adecuado para redactar un código sanitario libre de presiones, estamos ante un escenario netamente político.

Merecemos una mejor calidad sanitaria igual para todos, con respeto pleno a la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas.

El nuevo código sanitario no le pertenece ni al Gobierno ni a sus trabajadores de la salud, sino a todo un pueblo que exige una democracia participativa.