El poder político

En Panamá siempre se ha dicho que las leyes de la Constitución Nacional son excelentes, pero mal aplicadas debido a la presión que ejercen los políticos y la influencia de los que manejan los gobiernos de turno.
Aún recuerdo el juicio político a Marcos Aurelio Robles, Presidente de la República (1964-68), por supuestos delitos cometidos a la Constitución Nacional.
En aquel entonces la Asamblea, basada en lo constitucional, le siguió un juicio político al mandatario por violación a la Carta Magna, el cual fue frustrado por la negativa de la Corte Suprema de Justicia, en contubernio con la Guardia Nacional, y cuando algunos políticos influyentes impidieron separar del cargo a Robles.
Desde ese entonces, los panameños estamos convencidos de que nada sirve interponer denuncias sobre actos que violan la Constitución Nacional si en Panamá los poderes políticos tienen más fuerzas que la misma Carta Magna.
Es lastimoso para la patria que después de tantos años se estén dando tantos conatos de irrespeto a las leyes constitucionales sin que se les dé un seguimiento jurídico a quienes pretenden traicionar y pisotear los preceptos que señala el documento más importante de la Nación, a pesar que ello depende los funcionarios y las autoridades más representativas de los tres Organos del Estado.
Debemos recordar a todos los funcionarios y a las autoridades que la Patria debe estar primero que la presión política, porque los gobiernos y los puestos públicos son de tránsito y el país solamente es uno y es permanente. Dar la espalda al derecho de las leyes y la justicia, significa una traición a Panamá y un servilismo abierto al poder político y a muchos funcionarios poseídos por el interés personal.
En la dignidad, el carácter y el patriotismo que demuestra el funcionario en su despacho, es donde descansa el respeto a la justicia y a las leyes de la Constitución Nacional, así como a la imagen y el prestigio de la nación.