El rancho ardiendo, un síndrome de terror

El Gobierno Nacional tiene la solución. Y tiene la capacidad y la competencia de resolver todo conflicto social en este país. La Ley No.462 no está escrita en piedras. Todo producto jurídico es modificable y mejorable. La ley debe ser el reflejo y la proyección del interés general, es decir, de la colectividad social, la población.   Mal puede una ley, por muchos atributos o caracterizaciones positivas que el Gobierno quiera  darle, tener la fuerza normativa suficiente, su plenitud y eficacia en su aplicación, si sus destinatarios, simple y sencillamente, el pueblo en general, no la acepta y la califican de ser contraria a sus derechos e intereses. 

He sostenido y vuelvo a reiterarlo,   si la población asegurada ha salido a manifestarse en contra de dicha ley,  y es en el seno social en donde se encuentra el gran número de los asegurados y ellos no la aceptan, entonces cuál es el sentido de adoptar una posición de indiferencia al clamor de esos sectores sociales del pañis.   Realmente, no lo entendemos.   Las leyes se imponen por su bondad y esa virtud de la ley solamente la puede conferir u otorgar la población, verdadero recipiendario o receptor de su normativa. Por ello, toda ley, lo que primero debe proyectar es el respeto de la dignidad de nuestros semejantes y de su estado natural a estimar o calificar las bondades de una ley. 

La posición adoptada por el Gobierno Nacional, de dureza faraónica como en los tiempos del Profeta Moisés,  al afirmar que no se cambiará la ley, y que así los docentes y demás se gasten las suelas de los zapatos en marchas y protestas, no hace más que traducir la intransigencia política, siendo dicha intransigencia el mismo pecado que el gobierno cree encontrar en los que  protestan. No se puede seguir criminalizando la protesta. Se usa el código penal para amedrentar, carcelazos para intimidar y se usa también el andamiaje de justicia y del Ministerio Público  para instrumentalizar  el silencio de los que protestan y de esta manera callarlos, sin distinguir ya a quién o a quiénes les cae la teja,  pues hasta abogados ya han padecido los rigores de la persecución merced a las protestas.  

Es decir, la supuesta intransigencia de los protestantes  tiene su perfecto acomodo democrático en el derecho a disentir que tiene la población, pues ésta estima que la Ley 462 es mala, muy mala.   Pero, respecto al Gobierno,  la intransigencia deviene en imperdonable, pues como gobierno han debido de propiciar las condiciones y  el clima favorable al diálogo y hacia la búsqueda de un auténtico consenso, verdadera y  realmente democrático.   Consenso que no se construye a base de imposiciones ni de carcelazos de líderes y dirigentes obreros e indigenistas, sino a base al diálogo  como método civilizado de resolver los conflictos sociales. 

Reiteramos, nunca, jamás, ha debido usarse  el derecho penal para criminalizar y condenar a los que protestan.  En ese orden de ideas, los jueces de garantía  tienen el deber objetivo de proteger y defender las garantías fundamentales y los derechos humanos al igual que las  libertades ciudadanas. Los fiscales deben ser  justos y defensores también de los derechos humanos. No olvidar  sus raíces. Al final de cuentas, todos aquí, la gran mayoría, venimos de la paila y del fogón. 

Comparto, a renglón seguido,  criterio de mi hermano RAMIRO GUERRA, quien frente a la posición del Gobierno, ha sostenido lo siguiente: “Cierto que dicha ley la respaldan algunos sectores, verbigracia, las calificadoras de riegos, el Fondo Monetario Internacional, la oligarquía financiera,  bancos y otros sectores financieros. Decir que esa ley es apoyada internacionalmente, habría que preguntarse por quiénes. Obvio, por  los representantes del capital financiero y las IFIS, que juegan al saqueo de los recursos del país. Convencido estoy, que la Ley 462, si se sometiera a un referéndum, el gobierno recibiría una apabullante derrota. 

El gobierno está cerrado y no cede. Tenemos que hilar delgado. Más allá del Presidente Mulino, están estos sectores y agencias del capital financiero. Abrir al diálogo de  la Ley 462, estos sectores lo ven como un peligro; sienten que se les puede ir de las manos el gran negocio que representa la Ley 462. En esta relación está el nudo gordiano, de una posición obcecada y terca del no a la derogación y reforma de la ley citada. El Ejecutivo va lejos, que impreca al órgano Legislativo, a los diputados, que si ceden  a las demandas del pueblo y si lo hacen, rechazará y no sancionará ninguna reforma a la Ley. Pero, el Ejecutivo desconoce, que aún procediendo de esa manera, la Asamblea puede hacer pasar una ley, sea por insistencia u otra modalidad. 

El gobierno , con ese enfoque de propio de la realidad virtual, coadyuva al eventual síndrome del rancho ardiendo. Un gobierno responsable, juega al diálogo y a la paz. Lo contrario, quedará claro, afecta la economía. 

Igual, en economía, un escenario de violencia institucional, como la que estamos viviendo, propicia recesión y con ello, más desempleo”.
¡Dios bendiga a  la Patria!