No solo el modelo de crecimiento económico muestra claros signos de agotamiento, mientras que el espacio de la reproducción social parece haber entrado en una fase de colapso; la esfera de la política también está caracterizada por una profunda crisis. Esta se vincula con una corrupción que se extiende sobre todo el sistema político electoral del país, que tiene su causa básica en el sistema económico vigente, cuyo objetivo exclusivo es generar ganancias y acumulación de capitales sin ningún límite y por cualquier medio posible, la que, además, se sostiene de manera creciente en la acumulación por desposesión, es decir, en el despojo y la rapiña.

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El sistema socioeconómico del país genera, por su propia naturaleza, una fuerte tendencia a que los sectores económicamente dominantes busquen dominar y penetrar directamente la esfera del Gobierno, a fin de asegurarse una posición privilegiada en las formas de acumulación por desposesión vinculada al manejo de los fondos públicos y del ordenamiento jurídico del país. Las intensas luchas políticas que observamos son el reflejo de las disputas de las diversas fracciones de los sectores económicamente dominantes para asegurarse que la gestión gubernamental funcione como un mecanismo de generación de ganancias privadas en su favor. Esta lucha se hace muy intensa dada la magnitud de la renta del Canal de Panamá que pasa a manos del Gobierno central, así como por el elevado gasto en términos de la generación de infraestructuras, que da lugar a jugosos contratos de construcción, financiados con endeudamiento público.

A esta situación le corresponde un sistema electoral ilegítimo, antidemocrático y corrupto, destinado a mantener y reproducir la dominación política de los sectores económicamente dominantes. Esto se logra por medio de la existencia de un régimen controlado por la partidocracia, es decir, por partidos políticos que expresan los intereses de dichos sectores. El mismo se concreta por medio de un modelo de funcionamiento en que la inscripción y la captación de votantes se basa en un clientelismo alimentado por las donaciones de quienes dominan la economía, así como por la utilización de los fondos públicos, incluyendo los que otorga el Tribunal Electoral y de los que, simplemente, son productos de la corrupción. Más todavía, la inscripción de partidos se puede convertir en un negocio rentable para quien tiene recursos para esta actividad, dado que la misma luego da lugar a la participación en los llamados subsidios electorales.

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El Tribunal Electoral y la Asamblea Nacional, ambos organismos dominados por la partidocracia, se constituyen en verdaderas barreras para las formas alternativas de hacer política. El ejemplo más claro de esto es cómo terminaron por generar una estructura legal que corrompió las llamadas candidaturas de libre postulación, facilitando la influencia del dinero y de la partidocracia sobre las mismas. El resultado es la práctica cancelación de las verdaderas candidaturas independientes.

En las próximas elecciones no habrá ningún candidato a la presidencia, ya sea de partido político o de libre postulación, que realmente exprese los intereses de la población. Simplemente asistiremos a los que el recientemente fallecido Samir Amin atinadamente llamó una farsa electoral del sistema.

Economista