El tarifazo eléctrico

El reciente intento de elevar la tarifa eléctrica, producto de la irresponsabilidad gubernamental, constituye un hecho que ha conmocionado la vida nacional, dando lugar a protestas generalizadas, originadas en prácticamente todos los sectores de la sociedad.

Resulta, por tanto, importante evidenciar cuáles son los orígenes y posibles efectos de esta desafortunada política.

Se trató de un decreto capaz de generar un poderoso efecto sobre los precios no solo para el 24.5% de los usuarios a quienes afectaría directamente, sino sobre toda la población.

Esto es claro si se tiene en cuenta que el 51.2% de la demanda de electricidad proviene de los usos industriales y comerciales, por lo que el tarifazo generaría un inevitable incremento de costos que, en el caso del mercado interno, se traduciría en un proceso inflacionario.

Entre los productos sensibles a este aumento están los alimentos, cuyos precios no solo son afectados por el incremento de los costos de producción (sector agroindustrial), sino también por los costos de comercialización (supermercados).

Los bienes y servicios de exportación también se verían afectados.

La elevación de los costos significaría, dado nuestro especial sistema monetario, una pérdida de competitividad por los aumentos de los precios de oferta, en la medida en que estos se trasladen, o una pérdida de rentabilidad, si no se trasladan.

En términos de demanda efectiva, un alza de las tarifas eléctricas y la subida general de precios que la misma traerá aparejada, limitará la capacidad adquisitiva de los hogares (33.9% de la demanda eléctrica) y del Gobierno (14.4% de la demanda eléctrica), lo que se expresará en una reducción de la demanda efectiva macroeconómica, lo que profundizaría la actual desaceleración de la economía.

Lo más dramático, sin embargo, es la motivación del tarifazo, el cual fue diseñado en gran medida para pagar por la llamada "generación obligada", es decir, electricidad que Etesa no pudo transmitir por falta de la tercera línea eléctrica, es decir, por un servicio que los usuarios jamás recibieron.

El actual gobierno, pese a que Etesa debería funcionar como una empresa, permite que los errores de esta empresa, producto de una mala administración, del deseo de privatizar la actividad o de la corrupción, se trasladen a los usuarios, quienes no tienen ninguna responsabilidad sobre todo esto.

El gobierno de Varela, al aceptar esto, convierte a Etesa en una empresa que, para usar el concepto de Douglas North, opera con incentivos perversos.

Todo esto no se elimina con el hecho de que el Gobierno central asuma el costo del tarifazo.

No solo por el chantaje que implica incluirlo en la solicitud de la dispensa de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que le permitiría un déficit adicional de $300 millones, sino porque a la larga sería toda la población quien pagaría esto, ya sea por una pérdida del Fondo de Ahorros de Panamá o por recortes en algunos servicios básicos como salud y educación.

Resulta importante, entonces, exigir la renuncia de todos los actuales directivos de la Asep y que se realice una profunda investigación de Etesa.

Economista.