En defensa del productor agropecuario

Los productores agropecuarios luchan por lograr seguridad y la soberanía alimentaria.

El derecho humano a la alimentación es ampliamente reconocido en diversos acuerdos internacionales: los artículos 2 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y la Observación general 12 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

A esto se debe agregar que nuestra constitución en su artículo 110 establece que el Estado deberá “desarrollar una política nacional de alimentación y nutrición que asegure el óptimo estado nutricional para toda la población, al promover la disponibilidad, el consumo y el aprovechamiento biológico de los alimentos”.

La obligación del Estado de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de todos no se puede separar de la idea de la soberanía alimentaria.

Esto es claro si se tienen en cuenta varios elementos.

En primer lugar, la experiencia de la última crisis alimentaria mundial (2006 – 2008) muestra que en las mismas no solo se elevan muy significativamente los precios, sino que se hace difícil adquirir los alimentos en el mercado internacional, ya que los países productores priorizan su propia población.

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En segundo lugar, los problemas del sobrecalentamiento global significan que solo podrán asegurar de manera suficiente la alimentación de su población, aquellos países que hagan los debidos esfuerzos de mitigación y adaptación dirigida a lograr una producción sostenible de alimentos.

En tercer lugar, la pérdida de la soberanía alimentaria y la extrema dependencia del exterior que la misma significa dañan el propio ejercicio de la soberanía nacional.

Es claro que las recientes políticas gubernamentales han venido destruyendo los cimientos de la soberanía alimentaria y, por tanto, del sector agropecuario nacional.

Es así que entre el 2007 y el 2017, en medio del "boom" económico del país, el producto interno bruto agropecuario creció en apenas 1.03%, mientras que la población lo hizo en 22.73%.

Esto llevó, a su vez, a que entre el 2007 y el 2016 las importaciones de bienes agropecuarios y agroindustriales se elevaran a 62.4%, de manera que en el último de estos años se dio un déficit de $1,294.5 millones en el balance comercial referente a estos productos.

En la destrucción del sector agropecuario los Gobiernos han utilizado poderosos instrumentos de destrucción masiva. El primero de estos es la desprotección del mismo y la firma y aplicación de los tratados de libre comercio, que someten al productor a una competencia desleal.

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El segundo son las importaciones realizadas justo en los momentos de la cosecha, las cuales responden a los intereses corruptos de los gobernantes y comerciantes.

La tercera es la desposesión de las tierras de los productores nacionales para entregárselas a las transnacionales, tal como lo hace el actual gobierno en Barú.

La lucha de los productores agropecuarios del país es un movimiento reivindicativo, que se vincula positivamente con el objetivo de la seguridad y la soberanía alimentaria.

Frente al embate represivo y antinacional del Gobierno surge la necesidad de apoyarlo como un primer paso para lograr una alianza entre los productores del campo y los trabajadores de la ciudad, que elimine la especulación de los intermediarios.

Economista