Jované y Bernal

A Juan Jované no le permiten ser candidato, y a Miguel Antonio Bernal, que ya lo era, ahora ve en peligro sus posibilidades. El primero aspira legítimamente a la Presidencia de la República; y el segundo, a la principal Alcaldía del país. Ambos son profesionales plenos de capacidad, experiencia y, lo principal, comprometidos con los mejores intereses del país. Los programas de gobierno de ambos son profundos, ligados a propuestas de desarrollo integral, democracia real y ciudadanía activa.

Es un error grave impedir y coartar la legítima aspiración de estos ciudadanos que, además, son respaldados por sectores sociales de amplia trayectoria.

A los dos los conozco y respeto. A Juan Jované desde el fragor de las luchas colonenses de los sesenta, pasando por ricas experiencias de trabajo y amistad. A Miguel Antonio, con el que compartimos en los setenta los primeros pininos de la revista Diálogo Social, y luego diversas coyunturas del acontecer nacional.

Ambas aspiraciones son sometidas a duras pruebas, que demuestran la fuerza de los intereses creados y de la politiquería, que no comprende la imperiosas necesidad de democratizar la democracia de cara a los grandes desafíos nacionales.

Hoy por hoy es evidente que nuestro menú electoral es limitado, con poca representatividad de las diversas visiones y concepciones de la realidad presentes en nuestro medio. Hace falta un arco iris de propuestas ligadas a los movimientos sociales y ciudadanos que recojan la presencia de los temas ambientales, étnicos, de género, juveniles, culturales en el marco de la construcción de un proyecto de país libre, autodeterminado y justo, tal como lo soñaron y lucharon muchos hombres y mujeres a lo largo de nuestra historia.

Jované aspira justamente a la libre postulación; y Bernal, luego padecer las muchas restricciones para su inscripción, ha logrado el apoyo de dos partidos de distintas alianzas, lo que le permite expresar esa independencia a través de un balance de fuerzas. Pero ahora enfrenta la impugnación por parte de un grupo del Partido Liberal que adversa la postulación por Unión Patriótica.

Miguel Antonio en una entrevista aparecida en la La Estrella, plantea que de darse la impugnación "contribuiría más a la decepción del pueblo panameño, que ve cómo los independientes somos atropellados por los intereses políticos de determinadas personas ajenas a la ciudadanía. Yo confío también en un pueblo que me ha dado la mano cuando lo he necesitado y estoy seguro que todo aquel que ha invertido en esta campaña va a salir a defender esta candidatura que es del pueblo y no de ningún partido".

Estas acciones en el caso de Bernal violan abiertamente el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo XX de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, y artículos 23 y 25 del Pacto Internacional y de la Convención Americana, en lo relativo al derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos según afirma CIDHS. Y, en el caso de Jované, es violatorio de lo consagrado en nuestra Carta Magna.

Impedir o dificultar la posibilidad ciudadana de acceder a cargos de elección popular afecta y daña el Estado de Derecho, y con el ello el camino del fortalecimiento de la democracia para todos y todas.

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