La educación: he ahí el problema

Un somero estudio acerca de la educación de hace aproximadamente cuatro décadas, nos impone que el relativo consenso que existió durante la década de los años 60 del siglo XX (pasado), respecto a la importancia de la educación en el proceso de desarrollo -entendido éste como modernización de la economía y la sociedad y democratización de las funciones de gobierno- fue sin embargo, efímero. Desde el punto de vista de los estudios sobre educación, las posiciones y enfoques teóricos cambiaron radicalmente. Pero, más radicalmente aún, cambió la situación del continente, y con ella la función de la cultura y la educación en el movimiento de la sociedad. Un caso ilustrativo de esa transformación se produce bajo los regímenes de dictaduras militares. En lo que sigue revisaremos las líneas fundamentales de ese cambio con particular referencia al caso panameño.
Hace más de 35 años que el servicio de la educación en Panamá viene atravesando por una aguda crisis; y todo parece indicar que tiende a profundizarse con proyecciones de incertidumbre hacia el futuro. Los últimos 40 años de vida independiente denuncian que los poderes del Estado y la escuela, en la República de Panamá, no han hecho los suficiente para regular la distribución de la riqueza y para consolidar en las conciencias individuales el verdadero espíritu democrático (¡ejemplos hay muchos!).
El comienzo de la década del 70 del siglo pasado -época del gobierno militar- trajo consigo un gran perjuicio para la actividad educativa, que se vio entorpecida por todos los trastornos sociales y políticos que acompañaron este fenómeno. El gobierno militar, a partir de 1970, inicia un movimiento de "reforma educativa" que, por su orientación ideológica de índole marxista, provoca justificadas reacciones contrarias a su contenido y aplicación por parte de más del 90 por ciento de los educadores activos del país, apoyados por los padres de familia y por la mayoría del pueblo panameño. La lucha por la reestructuración del Sistema Educativo Nacional, después de la derogación de la tan cuestionada "reforma educativa" en 1980, ha continuado sin éxito hasta el presente. El tiempo transcurrido sin lograr aún este objetivo nacional, se debió, precisamente, a la naturaleza del régimen militar que nos gobernaba, y, sobre todo, al empeoramiento de la situación general del país a partir de 1985, debido a la inestabilidad política y social que padecimos hasta finalizar la década de los años 80 del siglo pasado.
Desde 1980 hasta 1994 laboró en el Ministerio de Educación, por mandato de la ley, pero con profundas diferencias y marcadas dificultades, la Comisión Coordinadora de Educación Nacional. Luego, en 1995, el entonces ministro de Educación, Dr. Pablo Antonio Thalassinos, emprendió un movimiento nacional con el propósito de "modernizar la educación nacional", el cual culmina con la dictación de la Ley 28 de 1997. Mediante esta ley se dieron algunos cambios en la estructura del sistema educativo, entre los cuales se destacan la descentralización administrativa y la eliminación de las "jubilaciones especiales"; derecho de que gozaban los educadores desde la promulgación de la Ley 47, Orgánica de Educación, de 1946. Pero, en la actualidad, la Ley 28 de 1997, es motivo de cuestionamiento por parte de los gremios docentes, sobre todo en lo que se refiere a la eliminación de las jubilaciones especiales. Sin embargo, el problema educativo sigue pendiente. Son muchas las razones por las cuales no se ha concluido tan anhelado propósito nacional. El pueblo las conoce: ha faltado identificación con el verdadero espíritu democrático, así como una voluntad de acción intencionada hacia un futuro promisorio. La labor gubernativa -ayer en dictadura y hoy en democracia- en la mayoría de los casos se propone empresas de realización inmediata, confundiendo así la eficiencia con la improvisación.
Ciertamente, aquí puede bastar la simple referencia histórico-política, según la cual son escaso los estadistas que comprometen sus elementos ejecutivos en la proyección e iniciación de obras de hondo y distante alcance social, llamadas a consolidar por sus cimientos la vida futura de la nación (y más escasos aún los que se resignan simplemente a empezarlas para que sean terminadas por sus sucesores). He aquí algunas razones por la que nuestra educación pública carece, desde hace más de 35 años, de un Sistema Educativo Nacional científicamente concebido, detenidamente meditado, abundantemente informado, sólidamente fundamentado, suficientemente amplio, reflexivo y previsor, como para que no haya necesidad de incurrir en frecuentes reformas, en derogaciones parciales, en descuidos y olvidos groseros.
Hace falta, pues, un nuevo Sistema Educativo, públicamente discutido, lentamente corregido y finalmente configurado por un cuerpo de técnicos: tarea que, legalmente corresponde ejecutar al Ministerio de Educación, con el concurso indispensable de los educadores y los padres de familia. El estado jurídico del nuevo Sistema Educativo panameño está, por consiguiente, en paso de concebirse y dictarse. La tarea es compleja, y por lo mismo, puede ser materia de ardientes discusiones; pero la necesidad de finalizarla (ya lleva 20 años de discusiones y estudio) y los beneficios que pueda aparejar un cometido son razones más que suficientes para llevarla a cabo. Urge una planificación integral de la educación para este nuevo milenio.
Y para concluir, una nota más: la educación democrática no se agota en la instrucción, y menos aún, en las convulsiones políticas y sociales, causadas por las acciones de un determinado tipo de gobierno. Por eso, los educadores hemos de seguir la marcha hacia un futuro con la desasosegada esperanza con que el vigía del castillo medieval miraba alejarse, por los caminos polvorosos, la inquieta expedición de los caballeros en busca de la gloria de una incierta cruzada.