La educación, una materia olvidada

Se debería “asegurar una inversión sostenida y suficiente en materia educativa”.

Entre los que aparentemente son consensos generales en nuestro país está la importancia dada a la educación.

De esto se desprendería un efectivo interés, también generalizado, de su avance como un elemento clave para el proceso de desarrollo nacional.

Así, por ejemplo, el Plan Estratégico de Gobierno 2015 – 2019, al referirse a la educación, propone “asegurar las oportunidades para todos y todas”, lo que “contribuirá a consolidar el proceso de desarrollo nacional”. 

Para este fin, de acuerdo al plan, se debería “asegurar una inversión sostenida y suficiente en materia educativa”.

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Por su parte, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá  considera que la importancia de la educación la convierte en una prioridad nacional y un pilar del desarrollo.

Dado este supuesto interés de los sectores económica y políticamente dominantes del país, estos también deberían concluir que las posibilidades de avance de la educación precisan de que se dote a la misma de los recursos humanos y materiales suficientes para este fin.

Sin embargo, los mismos no han realizado un esfuerzo serio por cumplir con el ordenamiento jurídico que rige sobre el proceso educativo, el cual establece la obligación de que el presupuesto estatal en educación sea equivalente al 6.0% del producto interno bruto nominal (PIB) del año anterior.

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A partir de las estadísticas disponibles, se puede afirmar que entre el 2012 y el 2014, el presupuesto de educación alcanzó en promedio a tan solo el 3.8% del PIB del año anterior.

En el 2015, bajo la actual administración, este porcentaje se mantuvo en 3.8%, cifra que también se observó en el 2016.

En el caso de los años 2017 y 2018, tomando como referencia el llamado presupuesto modificado, la participación del gasto previsto en educación en relación al PIB del año anterior fue de 4.3%, cifra significativamente inferior a lo planteado por la ley.

Esto se dio, pese al compromiso formal firmado por el actual gobierno, que lo obligaba a cumplir con el precepto legal antes señalado.

A esto se debe agregar que, utilizando como base la proyección del PIB nominal del Ministerio de Economía y Finanzas contenida en su Marco Fiscal de Mediano Plazo, así como el proyecto de presupuesto presentado a la Asamblea Nacional para el 2019, es posible establecer que para el próximo año, la relación que venimos estudiando se reducirá al 3.9% del PIB del año anterior.

El incumplimiento con la educación se hace más evidente si se toma en cuenta el nivel de ejecución del presupuesto asignado.

Es así, para dar un ejemplo, que al finalizar el 2017, el Ministerio de Educación dejó de ejecutar el 14.8% de su presupuesto de inversiones, cifra que superó la subejecución  del 2016, que fue de 13.4%.

Los organismos de las cúpulas económicamente dominantes nunca han realizado una crítica de todo esto.

Para ellos, probablemente, es más importante que el valor agregado de mercado de la educación privada se haya visto incrementado en casi 39.0% en tan solo tres años (2014 – 2015).

Mientras tanto, muchos niños siguen en escuelas rancho, carentes de luz y agua potable.

Economista.