La importación de cemento, el empleo y la salud

El sector de la construcción ha constituido en el período reciente un importante motor de la economía.

Durante el 2018, esta actividad representó, pese a su desaceleración, el 19.8% del PIB medido a precios corrientes, empleando al 10.2% de la fuerza de trabajo del país.

Este impacto, conviene añadir, se amplía si se tienen en cuenta los efectos positivos que esta rama de la economía tiene en otras actividades productivas, como son las del cemento gris y el concreto premezclado.

Sin embargo, este tipo de efecto positivo de arrastre hacia atrás de la construcción se ha venido deteriorando significativamente a través del tiempo, gracias a la política indiscriminada de apertura hacia el exterior seguida por los diversos gobiernos de turno.

La situación de las industrias vinculadas al cemento, en el año 2018, muestra signos de alarma.

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Es así que la producción física de cemento premezclado durante ese año se redujo en 21.4%, mientras que la de cemento gris lo hizo en 13.8%. 

Lo cierto es que estas magnitudes no pueden explicarse exclusivamente por la desaceleración de la actividad constructiva, ya que esta, pese a todos los problemas observados, creció durante dicho año un poco más que el 3.0 en términos reales.

Pese a que no existen estadísticas oficiales sobre la importación de cemento al país, diversos medios de comunicación escrita han venido señalando que esta no solo ha sido creciente, sino que habría alcanzado un volumen de entre 10 mil y 20 mil toneladas métricas mensuales.

Anualizando estas cifras, se concluye que las importaciones representarían del 7.3% al 14.6% del total de la producción nacional de cemento.

Esta situación ha sido facilitada por el bajo nivel arancelario del producto (10.0% ad valórem), así como por probables mecanismos de dumping.

Se atenta así contra la industria nacional, amenazando con la pérdida de un número significativo de puestos de trabajo del sector formal en momentos en que se observa un creciente problema de desempleo.

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La importación de cemento no solo afecta a los trabajadores y productores de las ramas del cemento y el concreto.

También constituye un riesgo para los de otras ramas, principalmente de la construcción, que tienen que manipular el cemento, así como para el conjunto de la población.

Esto se debe a que el producto introducido al país por veinte empresas extranjeras excede los niveles de cromo hexavalente, sustancia que ha sido calificada como una que genera riesgo cancerígeno para quienes tienen contacto con la misma.

Este peligro es el producto de la incapacidad de las autoridades de salud y comercio de generar una reglamentación que regule el contenido de dicha sustancia, a fin de proteger a la población.

Es hora de repensar la política industrial, habida cuenta de que la que se viene aplicando ha significado una caída de la participación de este sector en el PIB del 11.9% en 1996 a tan solo el 5.8% en el 2018.

Es tiempo de una política industrial que promueva el valor agregado y el empleo nacional.

Es también tiempo que los gobernantes aprendan a defender la salud y la integridad física de la población panameña.

Economista.